Editorial & Opinion

¿Restauración en El Salvador?

Francisco Díaz Rodríguez / Abogado

miércoles 25, septiembre 2019 - 12:00 am

Por “restauración” se entiende, en historia, el proceso de reinstalación de un régimen político. El término nació por, y es aplicado particularmente a, los procesos de reinstalación de las monarquías europeas durante la primera mitad del siglo XIX, caídas a causa de la usurpación del trono o de alguna de las varias revoluciones que se dieron. La más conocida restauración fue la de la Casa de Borbón al trono francés, en 1814, tras la caída de Napoleón Bonaparte, que volvió las cosas por un tiempo, hasta 1848, al estado en que se encontraban antes de la Revolución Francesa, en 1789. A ese período se llamó “La restauración”.

En El Salvador, el término “fuerza armada” se utilizó por primera vez en la Constitución de 1871, art 120, dejando a esta institución las amplísimas atribuciones que tuvo a principios de la República: 1. Mantener la integridad del territorio; 2. Defender la autonomía nacional; 3. Hacer cumplir la ley; 4. Guardar el orden público y 5. Hacer efectivas las garantías constitucionales. Tales atribuciones se conservaron con variantes de redacción hasta la Constitución de 1962. La Constitución de 1983, la que se promulgó en plena guerra las limitó a lo que corresponde: defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio.

Por fin, y gracias a los Acuerdos de Paz, la reforma a esa Constitución de abril de 1991, puso las cosas definitivamente en orden: 1º. Separó explícitamente las funciones de seguridad pública (policía) de las de defensa nacional (Fuerza Armada); 2º. Estableció la independencia de la PNC respecto a la FA, art 159, y 3º. Autorizó al presidente de la República “Excepcionalmente, si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública”, para disponer de la Fuerza Armada, y esto por el “tiempo y a la medida de lo estrictamente necesario para el restablecimiento del orden”, art. 168 numeral 12. Las restantes “atribuciones” desaparecieron.

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El desfile cívico militar de celebración de los 198 años de Independencia no tuvo, literalmente, nada de cívico, todo fue militar, con más demostración militar que en los años de regímenes militares, lo cual dice bastante. Pero hay más. Frente al palco presidencial se escenificó un chocante espectáculo de acciones de reducción, captura y traslado de delincuentes, propias de un cuerpo de seguridad pública (policía), pero ejecutado exclusivamente por miembros de las fuerzas armadas. Eso también dice bastante, pero hay más. En la transmisión televisiva, la de mayor alcance, con voz sosegada, sin titubeos de ningún tipo, más bien con la debida entonación que sabe dar un buen lector, el presentador de audio se encargó de llenar de elogios la historia, la formación, la ideología, la conducta del personal de la Fuerza Armada, su invariable respeto por los Derechos Humanos y, lo más grave, su función de garante de la libertad, la justicia y la democracia en nuestro querido El Salvador.

Por todo esto, debemos preguntarnos si no estaremos viviendo en El Salvador una “restauración de baja intensidad”: la restauración del autoritarismo y de la Fuerza Armada al equívoco papel que tuvo en la Constitución hasta 1983, papel que produjo tanta represión y muerte, y que tanto obstaculizó el advenimiento de la democracia.


Pertenezco a una generación que verdaderamente luchó, quien más, quien menos, por la libertad de expresión, por la libertad de organización política y sindical, por el respeto a la constitución, la ley y el Estado de Derecho -bastante de eso se consiguió- y por la justicia social -de la cual se consiguió muchísimo menos. Esa generación, ahora de salida, está preocupada por demasiados hechos y discursos sintomáticos, y está advirtiéndolo a todos. “La guerra es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los militares” (Georges Clemenceau, Francia 1841-1929). La seguridad pública también.

No somos los mismos de siempre, ni somos más de los mismos: estamos viendo más de lo mismo en muchos aspectos. No proponemos usar “El Derecho como obstáculo al cambio social”, según la brillante crítica de Eduardo Novoa Monreal. Se trata de poner en marcha un proyecto verdaderamente nacional, con respeto y participación auténtica, ciudadana, y con respeto y reforma de las instituciones, cuando sea necesaria.




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