Editorial & Opinion

Reveladores datos presidenciales

Armando Rivera Bolaños / Abogado y notario

martes 25, junio 2019 - 12:00 am

Mientras los correligionarios efemelenistas se dedican a un interno juego electoral violento, nunca visto en ningún otro partido político, aunque hayan surgido diferencias de opiniones, la ciudadanía se ha visto conmovida por recientes denuncias que ha pronunciado el presidente Nayib Bukele, referente a ciertos programas que los dos gobiernos de izquierda habían pregonado como exitosos y de enormes beneficios sociales, pero que, a juzgar por lo dicho desde Casa Presidencial, esos beneficios distan mucho de haberse obtenido, salvo lo que se consignó en una propaganda continua y abundante, especialmente antes de las elecciones del 3F donde fueron derrotados de manera abrumadora. En primer lugar, se denota que la seguridad pública nunca fue bien atendida en favor de la sociedad: a guisa de ejemplo citemos algunos detalles, como el famoso “bloqueo de las llamadas telefónicas” para evitar que se dieran órdenes de asesinatos, extorsiones, etc. desde el interior de los penales más emblemáticos, por parte de los jefes de grupos terroristas o pandillas. El presidente Bukele lo ha dicho en forma contundente y clarísima: el 80 % de órdenes criminales para ejecutarse fuera, provienen desde el oscuro recinto de los centros penales, o sea, no ha existido ese bloqueo telefónico, tantas veces mencionado como uno de los legados de la izquierda. Este hallazgo, por la naturaleza del mismo, es indudable que tiene varias aristas por investigarse muy pronto y deducir las correspondientes responsabilidades, sin importar quienes resulten involucrados.

En ese mismo rubro de la seguridad, tanto el mandatario, como las nuevas autoridades de la PNC, han detectado que 476 sedes policiales diseminadas en el territorio, se encuentran en pésimas condiciones de mantenimiento e infraestructura, donde están incluidas 19 delegaciones, 97 subdelegaciones, 244 puestos y por lo menos, 16 bases rurales, las que pronto serán objeto de reparaciones y remodelaciones a través del programa “Yo cambio”. Esto lo consignamos, pero falta saber con detalles claros, cómo anda la situación de insumos necesarios para que la PNC aumente más su poder de control, prevención y represión de la criminalidad, no solo uniformes y botas, sino también armas, vehículos, drones, lanchas, helicópteros, laboratorios criminológicos, etc. y un programa permanente de capacitación y adiestramiento, becas al extranjero y otras acciones, como se planeó en los orígenes de la ANSP y de la institución policial en sí.

Pero hay otros rubros que fueron descuidados, hasta niveles que causan desaliento. Por ejemplo, en el área de medio ambiente y recursos naturales, donde el actual gobierno ha encontrado que $7 mil millones en permisos diversos de inversión beneficiosa fueron detenidos, arbitrariamente, por los funcionarios anteriores del MARN, utilizando la estrategia de la “tramitomanía”, ¡para no conceder nunca las autorizaciones solicitadas! El estupor que me ha causado ese descubrimiento, es tal que no encuentro adjetivos para calificar esta ceguera estatal de menospreciar un capital de inversión multimillonario que, en cualquier otra nación del mundo, hubiera sido aceptada rápidamente y respaldada por las autoridades gubernamentales, no solo por generar apoyo a la conservación del ambiente y sus recursos naturales, sino por la generación de muchísimos empleos y los beneficios futuros para las generaciones que vienen en camino…

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Podríamos seguir desglosando estas denuncias presidenciales. Quiero concluir este comentario trayendo a colación el caso de las becas Fantel  correspondientes al 2018, cuyos beneficiarios denunciaron, recientemente, que no les han pagado las becas que les fueron adjudicadas por el Ministerio de Educación cuando fungía como titular el señor Carlos Canjura quien, junto al entonces vicepresidente Óscar Ortiz, presidieron el acto de entrega de tales becas de estudios para cursar diversas carreras profesionales, que ahora corren el riesgo de no poderse continuar, debido a la irresponsabilidad en cancelarles tales cantidades y pagar sus centros de estudios.




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