Política

Sala da hasta febrero 2020 para aprobar ley de reconciliación

Gerson Chávez

jueves 5, diciembre 2019 - 12:03 am

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional ampliaron, por unanimidad, el plazo para la aprobación de la ley de reconciliación. / DEM

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) prorrogó ayer el plazo y ordenó que la Asamblea Legislativa apruebe la ley de reconciliación nacional, a más tardar el 28 de febrero del próximo año.

Ya son dos veces en este año que la Sala, a petición de la Asamblea Legislativa, prorroga el periodo para la aprobación de la normativa, por la falta de acuerdo en las penas carcelarias para los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en el conflicto armado.

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La Sala, a través de un comunicado, dijo ayer que en este nuevo plazo, la Asamblea Legislativa deberá emitir una normativa que cumpla los parámetros de la sentencia del 13 de julio de 2016, que declaró inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993.

En esa sentencia, la Sala prohibió la creación y aprobación de una nueva ley de reconciliación que impida el acceso a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflico armado.


 

Dos proyectos de ley están en discusión

El pasado 12 de noviembre, la Asamblea Legislativa aprobó pedirle a la Sala, la segunda ampliación del plazo para aprobar la normativa, que  concluía el 13 de noviembre.

Hasta ese 12 de noviembre, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa solo había recibido dos proyectos de ley.

Uno fue presentado por las organizaciones de derechos humanos que piden penas carcelarias no menores a los 10 años en contra de la cadena de mando y autores intelectuales de los crímenes, y no menos de cinco años para los autores materiales.

El segundo proyecto de ley fue presentado por Arena, PCN y PDC y propone que Fiscalía decida si hay elementos para iniciar una investigación o para archivar el caso.

La Sala de lo Constitucional reconoció ayer que la Asamblea “ha desarrollado acciones orientadas” a cumplir con la sentencia del 13 de julio de 2016; pero todavía “son insuficientes para lograr acuerdos sobre los procesos de justicia de transición”.




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