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Nacionales

Sala de lo Constitucional niega protección a defensa de Rais

Iliana Cornejo

jueves 19, octubre 2017 - 8:41 am

Los abogados han interpuestos denuncias nacionales e internacionales en defensa del empreario Enrique Rais y de ellos mismos. Archivo DEM

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, rechazaron un recurso de hábeas corpus o protección personal, a los abogados defensores del empresario Enrique Rais, quien es prófugo de la justicia salvadoreña, desde el enero del 2017.

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Los abogados Silvia de Bonilla y Hernán Cortez dijeron a los magistrados que con la finalidad de “sostener la presunción de inocencia de su defendido”, han cuestionado los procedimientos de la Fiscalía General de la República y que públicamente el titular dle Ministerio Público les ha llamado “trinqueteros”.

“Hemos interpuesto sendas denuncias contra agentes policiales, auxiliares fiscales y jueces remitirdas al Fiscal General, a quien por criterios de imparcialidad se les solicitó excusarse de conocer, lo cual no hizo. Hemos sido víctimas de persecuciones y controles de personas extrañas en nuestros lugares de residencia, oficinas y en nuestro tránsito durante el día y la noche”, se lee en la solicitud del recurso.


La Sala de lo Constitucional dice que los abogados no refieren a la existencia de órdenes de captura en su contra y que estas estén a punto de materializarse “sino únicamente manifiestan una serie de sucesos con fundamento en los cuales presumen que su libertad personal se encuentra amenazada de ser restringida por orden fiscal”, argumentan los magistrados en su resolución.

La Sala ha definido dos requisitos esenciales para la configuración de hábeas corpus: Que exista un atentado decidido a la libertad de una persona y en próxima vía de ejecución y luego que la amenaza a la lilbertad sea cierta, no presuntiva.

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El pasado 12 de septiembre, el Juzgado Séptimo de Paz, de San Salvador, exoneró al fiscal Roberto Mejía y al motorista Julio Ramírez, que habían sido acusados de los delitos de registro y pesquisas ilegales por la abogada Silvia de Bonilla, quien había denunciado persecusión de parte de la Fiscalía General de la República.

 




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