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Editorial & Opinion

¿Soberanía o competencias?

Roberto Burgos / Abogado

lunes 11, marzo 2019 - 12:00 am

La discusión sobre la posibilidad de implementar una CICIES en nuestro país, sigue nutriéndose de argumentos a favor y en contra. Los más interesados en su creación pueden dividirse entre aquellos que señalan la impunidad histórica en casos heredados del conflicto y los que respaldan la iniciativa del recién elegido vicepresidente, el abogado Félix Ulloa, quien, durante el último tramo de la campaña presidencial, enarboló el tema de una comisión internacional que fortalezca el trabajo de la fiscalía salvadoreña, haciéndola eficiente en la lucha contra la corrupción y los grandes casos de crimen organizado.

En uno y otro grupo el tema de la Constitución es recurrente. Para quienes optan por el modelo guatemalteco de la CICIG, este organismo respaldado por Naciones Unidas sería el mejor ejemplo de un organismo enfocado en garantizar la universalidad de los derechos humanos, aspiración esta que ve más allá de límites legales y fronteras territoriales, prevaleciendo por el contrario una concepción universal y extraterritorial de la justicia, que a la vez justificaría la más amplia concesión de atribuciones para sus miembros.

Por el contrario, para los detractores de una comisión internacional, esta adolece de una inconstitucionalidad de origen, al imponerse a la soberanía del país receptor, desplazando a las autoridades locales en las funciones de investigación, persecución y represión del delito. Así es como este tipo de comisión se convierte en un “súper poder”, sin más control sobre sus miembros que el del secretario general de la ONU, demasiado lejos en la sede de la organización en Nueva York y sin que sea una prioridad que las prácticas locales se vean mejoradas, gracias a la experiencia de los expertos internacionales que vienen a formar parte de esta.

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Puestos de manera simple los argumentos a favor y en contra de una comisión internacional, interesa aquí aclarar la confusión sobre algunos de los conceptos que se sostienen. Para empezar, ninguna comisión u organismo internacional puede desplegar sus atribuciones en el territorio, sin que se apruebe antes un tratado base que delimite o concrete claramente sus atribuciones. Ya se tuvo la experiencia de la Comisión de la Verdad, nacida de los Acuerdos de Paz de Chapultepec y que sigue siendo considerado un ejercicio innovador del respaldo de la comunidad internacional a la lucha contra la impunidad y promoción del derecho a la justicia.

Además de una base jurídica, las comisiones internacionales necesitan contar con legitimidad en su mandato. Para la primera es imprescindible la discusión pública de sus atribuciones futuras y esto lleva al pleno legislativo la obligación de configurar la duración del mandato, su contenido, el plazo durante el que va a desarrollarse y el estatus diplomático y demás garantías de los extranjeros que vendrían al país para trabajar en esta.


Por parte de la Asamblea Legislativa, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución de la República: “No se podrán ratificar los tratados en que se restrinja o afecten de alguna manera las disposiciones constitucionales, a menos que la ratificación se haga con las reservas correspondientes” y concluye: “…Las disposiciones del tratado sobre las cuales se hagan las reservas no son ley de la República”.

Como puede verse, ni las autoridades poseen libertad absoluta para aprobar la implementación de una CICIES para nuestro país, ni esta, en caso de volverse una realidad, está exenta de controles con base a cláusulas amplias que establezcan límites indeterminados o laxos para su trabajo. El Salvador no cede ni ha cedido su soberanía cada vez que ha aprobado el trabajo de una comisión internacional, ha cedido competencias para que, de manera complementaria y durante un plazo previamente establecido, se cumpla con una misión complementaria y subsidiaria al de las instituciones que ya la Constitución define como responsables de perseguir el delito y garantizar la legalidad y los derechos de la colectividad.

¿Alguien ha visto en la actualidad a miembros de la Comisión de la Verdad? ¿Se han encontrado a policías extranjeros en vehículos de ONUSAL? Imposible, el mandato de la primera duró seis meses, el trabajo de los segundos concluyó hace veinticinco años.




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