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Editorial & Opinion

Sobre el proyecto de Ley de Espectáculos Públicos

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Sección El Salvador

viernes 26, octubre 2018 - 12:00 am

El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sección El Salvador, ante la iniciativa del Presidente de la República para la aprobación de una Ley de espectáculos públicos, cinematografía, medios de comunicación y publicidad,

Expresa:

  1. Que las libertades de expresión e información son derechos fundamentales de la persona humana, y además son elementos esenciales para el cumplimiento del modelo de democracia libre, plural y abierta que nuestra Constitución busca proteger. En consecuencia, su ejercicio pleno es condición indispensable para la formación de una opinión pública libre.
  2. Que la plena vigencia de los mencionados derechos permite a los ciudadanos emitir su voto informado, esencial para la democracia, pero también el ejercicio de controles sociales sobre los funcionarios que administran la cosa pública y disponen de los recursos públicos, controles que son un complemento necesario a los frenos y contrapesos del régimen constitucional.
  3. Que según nuestra jurisprudencia constitucional, está prohibido al Estado “restringir el derecho a la libertad de expresión e información por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares para periódicos, frecuencias radioeléctricas, o la restricción de los instrumentos usados en la difusión, o cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de las ideas o información” (Sentencia de 11-I-2013, emitida en el proceso de Inc. 41-2005).
  4. Al analizar el proyecto de Ley de espectáculos públicos, cinematografía, medios de comunicación y publicidad, se advierte que el mismo comienza declarando en su art. 1 que su “objeto” es la regulación de contenidos; para tal fin, establece en su art. 20 un observatorio de medios, el cual tendría por finalidad “medir el cumplimiento de los indicadores” señalados en el art. 13, para evaluar y clasificar contenidos, es decir: 1) violencia; 2) sustancias que generan adicción; 3) situaciones sexuales; 4) lenguaje inadecuado. En la definición de todos estos indicadores, el proyecto utiliza conceptos abiertos o indeterminados, los cuales generan inseguridad jurídica y abren un amplio margen de discrecionalidad a los funcionarios encargados de aplicar dicha ley.
  5. Por otra parte, su art. 23 configura una “política nacional de contenidos publicitarios, radio, cine, televisión y demás espectáculos públicos”, a la cual se le asignan finalidades que también utilizan conceptos abiertos o indeterminados; además establece que la publicidad y los contenidos comunicados al público, a través de espectáculos públicos, radio, televisión, la industria cinematográfica y publicitaria, deberán estar acordes con dicha política (art. 52). Esto también abre un margen de discrecionalidad amplia a los funcionarios encargados de aplicar la ley, con el consiguiente riesgo a la seguridad jurídica y a las libertades de expresión e información.
  6. Finalmente, su art. 50 claramente supedita el contenido de lo que se transmitirá en radio, a la autorización previa de la Dirección correspondiente, la cual también podrá establecer restricciones para su acceso; ello constituye una censura previa de comunicación radial, contraria al art. 6 Cn.

Por lo antes expuesto el IIDC-Sección El Salvador

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Declara:

  1. Su preocupación por algunos contenidos del proyecto de Ley de espectáculos públicos, cinematografía, medios de comunicación y publicidad que, de ser aprobados, pueden violar los derechos de libertad de expresión e información, con el riesgo que ello produce al régimen constitucional que como Instituto defendemos.
  2. Que nos mantendremos vigilantes de las actuaciones de los órganos Legislativo y Ejecutivo con relación al mencionado proyecto, para cerciorarnos que con la aprobación de la mencionada ley no se vulneren los citados derechos constitucionales.




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