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Editorial & Opinion

Sociedad, Estado, partidos políticos y elecciones (II)

Rubén I. Zamora / Abogado, político y diplomático

sábado 22, septiembre 2018 - 12:00 am

Podemos definir tres posiciones contradictorias respecto al problema de las relaciones entre el Estado y su burocracia y los partidos políticos. Una primera posición es la de aquellos que confunden el partido con el Estado según la cual, el partido  no solo ofrece personal al gobierno, sino que establece la militancia partidaria como  requisito para formar parte de la burocracia; la dirección del partido le da órdenes a sus diputados y a sus ministros, más allá de la propuesta que presentaron al pueblo en la elección, arregla el presupuesto de la nación para dar cabida a sus militantes sean o no necesarios, convirtiendo al partido y sus dirigentes en una agencia de empleos y prebendas y termina en que el partido es quien manda al gobierno y le dicta la política a seguir en base a sus intereses. La expresión más clara de esta posición son los regímenes de partido único, en nuestro medio, si bien ningún político ni partido proclaman esta alternativa, que está constitucionalmente prohibida, no es difícil encontrar comportamientos en el ejercicio del poder político que solo tienen validez en un partido único.

En  opuesta posición se ubican aquellos que partiendo de una consideración negativa del papel de los partidos actuales, pretenden una “despartidización” de la política en general y específicamente en los procesos electorales; proclaman la necesidad de “ciudadanizarlos”

atribuyéndole a “la ciudadanía” un  mágico poder curativo del partidarismo; esta posición es una reacción ante la deslegitimación que sufre el sistema partidario; sin embargo, por muy comprensible que sea la motivación y atinada la crítica al comportamiento partidario, la solución de sacarlos o de limitar  su acción en los eventos electorales no resuelve el problema; al contrario, los observables retrocesos en la credibilidad de las últimas elecciones tienen que ver, en buena medida, con los  intentos judiciales de “ciudanizacion” del proceso que no solo nos ha dejado con un sistema de votación enredado, sino que evidencian un peligroso desconocimiento de la mecánica electoral.

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Una tercera posición propone, primero, que el punto de partida debe ser un análisis a fondo del fenómeno actual de deslegitimación de los partidos y que necesariamente nos lleve a una reforma a fondo, tanto del sistema partidario, como de las prácticas del Órgano Legislativo; esta doble reforma es ineludible dado el papel estructural que en la democracia representativa existe entre partidos políticos, creación de la ley y procesos electorales, adicionalmente, la triste experiencia de otros países que han tratado de reformar su sistema de partidos dejando intacta la práctica legislativa, nos  lo enseña, sobre todo cuando estamos concientes que los Acuerdos de Paz, pasaron por alto los cambios necesarios a estas dos instituciones y que ellas funcionan con el peso negativo de la dictadura.

En segundo lugar, requiere la construcción de una coalición de fuerzas, tanto con organizaciones de la sociedad civil como con personeros que dentro de los partidos están conscientes de esta situación y quieren cambiarla; solo así podremos generar el escenario en el que, empezando por la Constitución, siguiendo con el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, y con una nueva ley de partidos políticos, podremos darle al país lo que es indispensable, un Órgano Legislativo y un sistema de partidos que recuperen su legitimidad y den paso a elecciones realmente participativas.


Un tercer elemento es que, mientras las reformas de la Asamblea y del sistema de Partidos no se materialicen, es indispensable el respeto al marco constitucional de los procesos electorales; una mayor participación de la sociedad civil en las elecciones es no solo encomiable sino necesaria, pero acatando lo que la Constitución vigente establece: el control pluripartidario del proceso electoral. No hay duda que el sistema electoral actual requiere de una reforma estructural que corrija, por un lado, los defectos y vacíos evidenciados en los últimos 25 años y por el otro, nos permita pasar del sistema de control mixto que hoy tenemos a una separación real de lo administrativo y lo jurisdiccional y esto requiere una reforma constitucional.




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