Editorial & Opinion

TPS: un reloj de arena

Ana Cevallos / Economista investigadora @Cevallob

jueves 31, octubre 2019 - 12:00 am

En enero de 2018 el gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación del  Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que acoge aproximadamente a 263 mil salvadoreños, 86 mil hondureños, 58 mil haitianos, más de cinco mil nicaragüenses y un millar de sudaneses. Para hacerlo efectivo se otorgó un plazo de 18 meses cuya finalización estaba prevista para el 9 de septiembre de 2019.Sin embargo, una serie de demandas en cortes federales, interpuestas por familias salvadoreñas afectadas, retaron esa decisión al punto que mediante una resolución judicial preliminar de un tribunal de California (emitida en octubre de 2018), se determinó que el TPS no puede ser cancelado y se mantendrá hasta que haya una decisión final respecto a dichas demandas.

En este contexto, el 28 de octubre de 2019 el gobierno de Estados Unidos anunció la extensión del TPS. Según el comunicado difundido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), esta medida forma parte del proceso legal relacionado a las demandas presentadas por la anulación del TPS. En este marco, si los tribunales resuelven contra el TPS, éste finalizará 120 días después de la vigencia de la orden de terminación. No obstante, solo El Salvador gozará de un plazo más amplio de 365 días de extensión de los permisos laborales.

En estas condiciones, la medida anunciada por el gobierno estadounidense no es más que una extensión del período de liquidación del TPS, lo cual, en términos prácticos, constituye una especie de «reloj de arena» para el Estado salvadoreño. Esto porque en el corto plazo deberán tomarse decisiones con transcendencia para el mediano y el largo plazo: deberán preverse los efectos que podría acarrear para el país una eventual deportación de las personas que actualmente son amparadas por el TPS.

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Según el estudio «El futuro de Centroamérica: Retos para un desarrollo sostenible», elaborado en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS) y el INCAE Business School, la no renovación del TPS más allá de 2020 repercutiría en al menos tres canales. El primero, las remesas: quienes viven en Estados Unidos podrían tener dificultad para conseguir empleo, verían disminuido su salario, se moverían a sectores informales o abandonarían el mercado laboral; esto repercutiría en una disminución de ingresos y, en consecuencia, de remesas. El segundo, el retorno: los migrantes en Estados Unidos podrían verse obligados a retornar a sus países de origen, lo que acabaría con su envío de remesas. Y el tercero, la disuasión: debido al endurecimiento de la política migratoria, menos ciudadanos estarían dispuestos emigrar a Estados Unidos sin regularizar su situación legal.

Así, de acuerdo al estudio referido, en los países del Triángulo Norte de Centroamérica las remesas de los migrantes irregulares disminuirían un 7,6 % anual, debido a una terminación de los programas TPS (en dichas estimaciones también se consideró una eventual eliminación del Plan Acción Diferida para los Llegados en la Infancia -DACA, por sus siglas en inglés-). Esto se debe a los cambios estimados en el empleo, salario, participación laboral, presencia física en Estados Unidos y la propensión a enviar remesas. Además, se estima que alrededor del 7 % del total de migrantes que residen en Estados Unidos podría regresar a sus países de origen, llevando consigo unos ahorros que representan alrededor del 3 % del PIB de la región, pero generando también una demanda adicional de empleos. Sumado al efecto disuasorio, esto podría implicar que los países necesitarían crecer entre un 0,2 % y un 1 % más por año para generar los empleos requeridos.


Con estos datos, en el caso concreto de El Salvador puede decirse que se impone la necesidad de un Estado efectivo que atienda los graves problemas que afectan al país, siendo uno de los principales la grave situación fiscal que condiciona cualquier posibilidad de desarrollo. Paralelamente, también se impone la urgencia de una ciudadanía activa que exija avanzar hacia un modelo económico, social y fiscal que genere empleos suficientes y de calidad, brinde protección social a todos y garantice instituciones democráticas y transparentes para la participación colectiva y la rendición de cuentas. De lo contrario, nuestras oportunidades de una sociedad inclusiva se agotarán de forma irreversible, al igual que el tiempo marcado por ese “reloj de arena” que impone el TPS.




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