Editorial & Opinion

Tres parámetros para evaluar gobierno (II)

Rubén I. Zamora / Abogado, político y diplomático

sábado 20, julio 2019 - 12:00 am

En nuestra anterior entrega analizábamos dos parámetros para tratar de conocer cómo se orienta y opera el nuevo gobierno, hoy nos toca analizar el tercero cual es la manera como el gobernante enfrenta la lucha política.

En la sociedad hay básicamente dos formas de desarrollar la práctica política, una es la vía de  la confrontación entre el conjunto de fuerzas que apoyan el gobierno por un lado y por el otro las fuerzas de oposición al gobierno, el enfrentamiento se desarrolla sobre la base del binomio amigo–enemigo, cuyo objetivo es llevar al adversario a su desaparición del escenario político o a un estado de tal deterioro que lo vuelva irrelevante. La otra forma es actuar en la arena política propiciando el entendimiento entre los actores de la misma, partiendo del reconocimiento de las diferencias de intereses y perspectivas ideológicas entre los actores, pero tratando de lograr consensos teniendo como objetivo el bienestar de la población. Estos dos modelos del quehacer político, en la práctica aparecen combinados, sin embargo lo que define la orientación de un régimen es la predominancia de uno de los dos modelos en la práctica tanto del gobierno como de la oposición.

Para la gobernabilidad democrática la predominancia del segundo modelo es indispensable, pues debe practicar la alternancia en el gobierno y tanto el gobierno como la oposición respetar las normas que regulan la convivencia democrática; por el contrario, la gobernabilidad autoritaria o dictatorial hace del primer modelo su práctica dominante, la oposición política tiende a ser estrangulada y el gobierno se presenta permanentemente asediado por sus enemigos; de allí que la transición del uno al otro está precisamente en la capacidad de la sociedad de sustituir el binomio amigo–enemigo, por el reconocimiento de ser adversarios, con mutuo respeto y sujetándose ambos a las reglas de la competencia democrática, no otra cosa fue el ejemplo del proceso de negociación que nos llevó al fin de la guerra civil.

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Es un hecho, reconocido por todos que los grandes problemas nacionales: seguridad, educación, salud, finanzas públicas, pensiones y medio ambiente, solo podrán ser realmente abordados con posibilidades de éxito y sostenibilidad mediante un consenso nacional y que éste tiene como su principal enemigo hacer de la política un enfrentamiento permanente amigo–enemigo.

En este campo el gobierno actual pareciera que no está dispuesto a cerrar el estilo que desarrolló durante la contienda electoral y continúa privilegiando la confrontación, la crítica negativa y las condenas, tanto con los actores políticos, sean éstos partidos o ciudadanos que levantan su voz como frente los otros dos Órganos Fundamentales del Gobierno. La impresión que este comportamiento deja es que la estrategia del gobierno apunta a lograr en los próximos dos años y medio la destrucción de las posibilidades de la oposición en la próxima elección de diputados y de alcaldes; el tratamiento que hasta ahora ha dado a la Asamblea  Legislativa, claramente adversarial y no concertador y el hecho de diseñar la segunda etapa de la lucha contra la delincuencia para rescatar los municipios y a la juventud en la que los Alcaldes y sus consejos municipales son olímpicamente ignorados, también lo indican. Los nuevos gobiernos suelen disfrutar de una alta legitimidad durante los dos primeros años de su ejercicio, fruto de su triunfo electoral y éste es precisamente el periodo en el que  el gobierno tiene las mejores posibilidades para estructurar soluciones a los problemas más acuciantes de nuestra sociedad, con soluciones racionales y sostenibles, pero muy difícilmente se podrán lograr si se pretende hacerlo a base de órdenes, exclusiones de actores necesarios y amenazas.


Desde los Acuerdos de Paz, todos los gobiernos han iniciado su mandato apelando a la construcción de un acuerdo nacional, sin embargo uno tras otro han fracasado y esto se debe, a la existencia de al menos tres razones: la primera es que los procesos de diálogo han girado en torno a la relación gobierno-partidos políticos y esto ha llevado, en todos los casos, a rupturas del diálogo debido a confrontaciones partidarias; por ello, ampliar el espectro de actores que intervengan en el diálogo nacional es una necesidad, la participación de la sociedad civil en el proceso es indispensable para lograr la solidez del mismo; por otra parte, la estructuración del proceso ha sido muy débil, sin metodologías que realmente conduzcan a forjar acuerdos y sin claridad de las reglas que han de manejarse, es decir, ha habido una deficiencia técnica en la construcción de los diálogos y finalmente está  la falta de claridad y transparencia del gobierno en el proceso mismo, pues un acuerdo nacional sin el gobierno o contra él, no es posible lograrlo, pero también un proceso de acuerdo nacional que sea concebido como “del gobierno”, hace imposible lograr resultados positivos; el gobierno es un participante necesario de todo el proceso, pero nunca puede ser el dueño del mismo.

Lo que se necesita no es tolerancia o encubrimiento de las falencias del sistema político, tanto a nivel de los Órganos Fundamentales del Gobierno como los partidos políticos, tampoco lo que es productivo es el ataque sistemáticamente negativo y la anulación de los actores que ha dominado el país en los últimos 30 años, lo que se necesita es la creación de un espacio en el que los actores, tanto políticos como de la sociedad civil, se reconozcan como participantes en el esfuerzo nacional y allí, las falencias que todos tenemos en el actuar público, puedan ser tratadas y remediadas racionalmente.




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