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Tribunal declara culpables a siete personas por asesinato de ambientalista Berta Cáceres

AFP

viernes 30, noviembre 2018 - 7:50 am

Fotografía: Agencia AFP

Un juzgado hondureño declaró este jueves culpables a siete hombres por el asesinato de la emblemática ambientalista Berta Cáceres, incluyendo a un empleado de una empresa hidroeléctrica que había amenazado de muerte a la ecologista.

El tribunal de tres jueces “declara la responsabilidad penal” de Sergio Rodríguez, gerente ambiental de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y otros seis acusados, según el fallo leído en un juzgado de Tegucigalpa.

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En base a “pruebas sólidas” y por unanimidad de los tres jueces de la sala, la resolución precisa que el próximo 10 de enero se determinará cuántos de años cárcel impone a cada culpable.

El escrito detalla que Rodríguez coordinó con el mayor del ejército Mariano Díaz, el exjefe de seguridad de DESA Douglas Bustillo y “otro ejecutivo” de esa empresa, para contratar a cuatro sicarios que mataran a la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).


Los cuatro sicarios son Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Torres.

Según el relato de hechos, al menos dos personas ingresaron violentamente a la casa de Cáceres en la comunidad de La Esperanza (oeste) hacia las 23H00 locales del 2 de marzo de 2016 y mataron a tiros a la ambientalista e hirieron al mexicano Gustavo Castro, dejándolo vivo porque se hizo el muerto.

Otro hombre los transportó en un vehículo y un cuarto los acompañó. Además, quedó evidenciada una oferta económica de 100.000 lempiras (poco más de 4.000 dólares) para los sicarios.

El fallo explica que quedó comprobado el delito de “asesinato” por parte de Rodríguez, Bustillo y Díaz y de “asesinato”, y “tentativa de asesinato” de Castro contra los cuatro sicarios.

El delito de asesinato se castiga con una pena de 30 años de cárcel a cadena perpetua.

El tribunal absolvió a Emerson Duarte -hermano gemelo de Edilson-, acusado por la fiscalía de complicidad porque en su casa, en el caribeño puerto de La Ceiba, se encontró el arma homicida, pero no se pudo probar que tenía conocimiento de que la pistola había sido usada para asesinar a la ambientalista.

El poder Judicial tiene pendiente comenzar el juicio del noveno acusado, el expresidente de DESA encarcelado por el caso, David Castillo.

– “La lucha no se cierra” –
Al exponer las causas del asesinato, el tribunal concluyó que el personal de DESA consideraba que con el asesinato de Cáceres se podía continuar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el río Gualcarque.

La obra estaba paralizada por las protestas del Copinh, encabezadas por Cáceres.

En la sala de sentencia estaba la madre de la ambientalista, Austra Berta Flores, quien estalló en llanto al escuchar la sentencia. Dos hijos trataron de consolarla.

“Es difícil decir que estamos satisfechos, pero por lo menos no han sido tan descarados como en otros casos. Por la presión de las organizaciones y el espírtu de Berta, que movió los corazones a nivel nacional e internacional, se ha ha comprobado el involucramiento de DESA”, destacó en declaraciones a la AFP Gustavo Castro, hermano de la ambientalista.

Castro advirtió que “la lucha no se cierra, seguirá hasta que caiga el último autor material e intelectual y hay que esperar el otro juicio contra David Castillo, que no se cierre ninguna línea de investigación”.

En una declaración, los familiares reiteraron que “Berta denunció amenazas y el peligro de muerte bajo los que se encontraba, al grado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado al Estado de Honduras medidas cautelares”.

La familia y el Copinh aseguran, según su abogado, Rodil Vásquez, que a Cáceres la mandaron matar “influyentes empresarios, banqueros socios de DESA y altos funcionarios del Estado, intocables para el sistema judicial hondureño”.

Cáceres tenía medidas cautelares de la CIDH ante reiteradas denuncias por amenazas de los empleados de DESA, por rechazar con manifestaciones indígenas la construcción de una hidroeléctrica en el río Guarcalque, en territorio indígena.

“El Estado incumplió las medidas cautelares”, sostuvo Vásquez.




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