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Política

Un año que le costó protestas, demanda y superación de vetos

Gerson Chávez

sábado 29, diciembre 2018 - 12:04 am

El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, juramentó a los cuatro nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional para el período 2018-2027. Ellos serán los sucesores de la histórica Sala del periodo 2009-2018. / DEM

Protestas, denuncias contra los diputados y una acefalía de cuatro meses de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó el trabajo legislativo en 2018.

Los diputados de esta legislatura 2018-2021 asumieron funciones el 1 de mayo pasado. El 14 de junio, fueron sorprendidos por organizaciones y estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) que protestaban por la supuesta privatización del agua.

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Los manifestantes quebraron las puertas y ventanas de vidrio de la fachada de la Asamblea Legislativa y lesionaron a un periodista de televisión. Luego, hubo condenas al vandalismo en que se tornó la protesta.

Debido a los desórdenes y daños, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, y otros diputados de ARENA presentaron una denuncia para que la Fiscalía General de la República investigara los hechos.


A la Asamblea Legislativa también llegaron, casi semanalmente, protestas de veteranos de guerra de la Fuerza Armada y de la guerrilla para exigir el cumplimiento de los beneficios contemplados en la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales aprobada el 19 de noviembre  2015.

En la última sesión plenaria del año, Raúl Melara fue elegido con 83 votos fiscal general de la República. / DEM

Los diputados de la Asamblea Legislativa argumentaron que esa normativa complejizaba y restringía el acceso de los beneficios a los familiares de los veteranos.

Por ello, el 19 de diciembre pasado, aprobó la nueva “Ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares”. Con esta, los veteranos tendrían derecho a una única indemnización de $3,000 y una pensión mensual de $300.00.  Una ley similar fue vetada por el presidente Salvador Sánchez Cerén, en febrero de 2018.

En 2018, la Asamblea Legislativa también aprobó la Ley para la Eliminación de Barreras Burocráticas, que vendrá a reducir la tramitología y a simplificar los trámites que la ciudadanía realice en las instituciones públicas.

En agosto, la Asamblea también buscó beneficiar a los ciudadanos con unas reformas a la Ley de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para prohibir cobros a los usuarios que no han recibido el servicio de agua potable.

En materia de seguridad, la Asamblea Legislativa acordó incorporar las medidas extraordinarias de seguridad en la Ley Penitenciaria para hacer permanentes las audiencias por videovigilancia y la clasificación de reos por el grado de peligrosidad.

Todos los partidos, excepto el FMLN, dieron sus votos para superar el veto del presidente Salvador Salvador Cerén y así dotar de autonomía administrativa a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República.  Actualmente, el país está suspendido del Grupo Egmont, que comparte información a nivel mundial sobre movimiento irregular de capitales y están en riesgo de ser considerado un paraíso fiscal. El caso es estudiado por la Sala de lo Constitucional.

El Idhuca demandó en noviembre a los 84 diputados por no elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. / DEM

 

Función legislativa de elegir funcionarios

Tras 214 días atraso, los partidos políticos eligieron, el 16 de noviembre, a Carlos Sánchez, Marina Marenco de Torrento, Carlos Sergio Avilés y Aldo Cader como magistrados de la Sala de lo Constitucional y Roberto Carlos

Calderón como magistrado de la Sala de lo Civil.

Por el atraso, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Idhuca) demandó a los 84 diputados en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, por $379,475.06, al incumplir la obligación constitucional de elegir a los magistrados. La Sala admitió la demanda y el caso está en proceso.

Otra elección de segundo grado que tuvo a su cargo este año la Asamblea Legislativa fue la del fiscal general de la República. A diferencia de la elección de magistrados, en esta, la Asamblea Legistiva eligió en tiempo y nombró fiscal general al abogado Raúl Melara Morán, quien iniciará funciones el 6 de enero de 2018. Fue elegido con 83 de los 84 votos de los diputados. El proceso fue cuestionado y también los vínculos de Melara con ARENA.

Simultáneamente, la Asamblea aprobó el Presupuesto General de la Nación de 2019 por $6,713,210,436 y $1,297 millones en deuda.




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