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Editorial & Opinion

Un cuestionable “combo legislativo”

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / S. Enrique Anaya

viernes 28, diciembre 2018 - 12:00 am

La Asamblea Legislativa, durante la última sesión plenaria de 2018, adoptó dos decisiones trascendentales: la Ley de Presupuesto de 2019 (además de aprobación de emisión de deuda estatal por más de mil millones de dólares) y, por otro lado, la elección del Fiscal General de la República (FGR) para el período 2019-2022. Aunque es de admitir la conveniencia que tales decisiones legislativas se hayan acordado antes de fin de año, pues así se evitan incertidumbres –tanto económicas como institucionales–, ello no obsta en reconocer –y denunciar– que la aprobación casi simultánea de ambos decretos se generó en un contexto de una opaca y sospechosa negociación política, lo que ha derivado en un cuestionable “combo legislativo”, en tono de “tú apruebas el presupuesto que he presentado y, a cambio, yo acepto elegir como FGR al candidato que tú propongas”.

En efecto, primero, el proceso de elección del FGR –con independencia de las credenciales del abogado electo– ha sido muestra de un claro retroceso en la práctica legislativa: dicho proceso se ha caracterizado por la opacidad de la información sobre los candidatos, el oscurantismo de las negociaciones entre los partidos políticos, la ausencia  de debate legislativo e inexistencia de la motivación de la elección, así como una denuncia generalizada sobre vínculos políticos partidarios del abogado electo como FGR. En este tema, pues, la Asamblea Legislativa se resiste a aceptar e interiorizar las exigencias constitucionales y los estándares internacionales para las elecciones indirectas o de segundo grado.

Segundo, en relación al presupuesto del ejercicio fiscal 2019 se advierten serias deficiencias que hacen poner en duda que se esté cumpliendo, entre otros, con los principios constitucionales de universalidad, unidad, transparencia, debate y equilibrio presupuestario y, sobre todo, es altamente dudoso que un presupuesto estatal cuyo mayor rubro de gastos es el asociado (capital e intereses) a la deuda pública, constituya una herramienta para la consolidación y mejor desarrollo de los derechos constitucionales básicos de contenido prestacional (sobre todo, seguridad pública, salud y educación) de los ciudadanos.

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No se desconoce que el establecimiento de un presupuesto estatal es, quizá como ninguna otra ley, consecuencia de negociaciones entre partidos políticos –basta ver, al respecto, las recientes disputas políticas en Estados Unidos de América y en España-, pero la existencia y necesidad de negociaciones políticas no significa admitir acríticamente que como parte de aquellas se ponga en la mesa, como moneda de cambio, una elección de segundo grado.

La denuncia del “combo legislativo” no es una especulación (los diputados reconocieron sin tapujos la vinculación entre ambas decisiones), ni falta de respeto a los diputados o al electo FGR: los cuestionamientos ciudadanos al quehacer estatal no constituyen, en ninguna forma, señalamientos personales. Además, los salvadoreños ya conocemos, tristemente, por experiencia, qué hay de detrás de las actitudes artificiosas e impostadas de “indignación” y “victimización” de algunos funcionarios públicos.


Lo realmente preocupante en la realidad es que tanto respecto de la aprobación del presupuesto como en la elección del FGR,  se advierte –tomando una frase del constitucionalista alemán Konrad Hesse– la ausencia de voluntad constitucional: por una parte, sobre el proceso de elección del FGR, la Asamblea Legislativa monta, cual espectáculo, una puesta en escena para entrevistas públicas, solo para dar la apariencia de transparencia, ya que en realidad tales entrevistas no sirven para nada, al extremo que algunos diputados reconocían –sin inmutarse– apenas dos días antes de la elección que continuaban llamando a entrevistas “privadas” a los candidatos a FGR (¿de qué sirven, entonces, las entrevistas públicas, si luego los partidos políticos hacen, a puertas cerradas, sus propias entrevistas?).

Y, por otra parte, si bien el presupuesto 2019 aparece formalmente financiado, con lo que ya no se repite la innombrable situación de 2017, cuando en relación a rubros de gastos que superaban millones de dólares se consignaron partidas presupuestarias por ¡un dólar! (y todavía llamaban a semejante desatino una “solución creativa”), tal apariencia de financiamiento se hace a costa de un mayor endeudamiento estatal, en desmedro de la inversión en rubros sociales ineludibles (con lo que la inversión pública en salud y en educación presenta muestras de estancamiento y hasta de retroceso).




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