Editorial & Opinion

Un desafortunado Tuiter

Rubén I. Zamora / Abogado, político y diplomático

jueves 31, octubre 2019 - 12:00 am

Los mensajes cortos, inmediatos y contundentes con los que el presidente Bukele pareciera querer acostumbrarnos, constituyen la característica más sobresaliente y novedosa de su gobierno; en el pasado hemos tenido gobernantes que tendían a abusar de los medios, especialmente la televisión y otros que pagaban por no aparecer en la palestra pública; también tuvimos y tenemos gobernantes que utilizan los medios o las redes sociales para ordenar, criticar, condenar a personas y hechos; en ese sentido, el exgobernante Funes y nuestro actual presidente, llevan la delantera.

Sin embargo, todo debe tener límites, especialmente cuando se trata de la respuestas inmediatas, que no pocas veces se exceden del comportamiento y compostura propia del Jefe de Estado y que pueden llegar a comprometer al Órgano Ejecutivo en afirmaciones anticonstitucionales.

El tuiter publicado por el presidente Bukele recientemente como respuesta a la elección del Procurador de Derechos Humanos, hace descargar el peso de “El gobierno de la República” condenando a un “desconocimiento totalmente al presidente del Coena” negándole la calidad de “representante real de Arena”; lo acusa del pecado de estar totalmente alineado a los intereses del FMLN y en consecuencia determina que “de ahora en adelante, conversaremos directamente con otros liderazgos dentro del partido”.

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Esto que bien podría calificarse de ser una broma de mal gusto, adquiere una seria gravedad por las siguientes razones:

En primer lugar, en ese tuiter el presidente Bukele, en su carácter oficial, decide cortar toda relación con el presidente del Coena, esto es un abuso de poder, pues en su carácter de presidente de la república, ha asumido una decisión para la que carece de jurisdicción. La Constitución en su artículo 86, último párrafo, dice textualmente: “Los funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”. Ni la Constitución ni ninguna ley secundaria, le encomiendan al presidente de la República el desconocimiento de un dirigente partidario, por lo tanto, al publicarlo mediante tuiter, “en nombre de la República” lo que ha cometido es un abuso de poder. Otra cosa muy distinta es que como ciudadano el Sr. Bukele considera que le cae mal o no es posible entenderse con el ciudadano López Davidson, o si lo que le gustaría es platicar con otros miembros del partido Arena, eso nadie se lo puede impedir, pero lo que ha hecho en el tuiter tiene otra dimensión y es inconstitucional.


En segundo lugar, la decisión del presidente atenta contra la institucionalidad democrática constitucional de nuestro país; efectivamente, los partidos políticos son instituciones públicas reconocidas por la Constitución en la que les establece responsabilidades y privilegios, así el Artículo 85 inciso segundo que reza: “El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno”, el Artículo 77 inciso segundo que confiere a los partidos políticos el derecho de vigilancia sobre el Registro Electoral, y sobre “todo el proceso electoral” en el 209 inciso segundo,  así mismo, son los partidos, según el artículo 208, quienes proponen tres de los magistrados del Tribunal Supremo electoral, y en el artículo 210 establece la obligación del Estado de cubrir la “deuda politica” de los partidos. Finalmente, los partidos políticos y la Iglesia Católica son las únicas asociaciones explícitamente reconocidas por la Constitución, el primero al mencionar el derecho de formar o participar en los partidos políticos, como uno de los tres derechos políticos que nuestra Constitución reconoce en el artículo 72.2 y la segunda en el Artículo 26.

El tuiter del presidente que se arroga el derecho de conversar con otros liderazgos, dejando a un lado al presidente del partido, atenta contra la institucionalidad de ese partido, pues el presidente se arroga el derecho de  excluir a la persona que la institucionalidad partidaria ha escogido para esa tarea. Esto sin  considerar la intervención incorrecta del mandatario en los asuntos internos de un partido político al que no pertenece. Es de la naturaleza de un régimen democrático que los gobernantes, y en primer lugar el presidente de la República, respeten la independencia de los partidos políticos y se abstengan cuidadosamente de no inmiscuirse en sus asuntos internos.

Finalmente, si el presidente Bukele quiere platicar con Arena o con cualquier otro partido, la designación del interlocutor es un derecho de la dirección del partido y no del presidente, este es un principio elemental de cualquier diálogo serio; adicionalmente, pretender que se buscarán canales de comunicación hacia “otros liderazgos” del partido, fácilmente puede ser tachado como  intento de generar contradicciones y conflictos en ese partido, especialmente en este caso, en el que es conocido que existen sectores o dirigentes de Arena que andan buscando entenderse con el gobierno del presidente Bukele. Y hay que tener en cuenta que en nuestra historia legislativa, la compra de diputados por parte del Ejecutivo, para obtener mayorías en la Asamblea Legislativa ha sido una inveterada fuente de corrupción en nuestra política.




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