Editorial & Opinion

Un procurador sin vínculo partidario

Jaime Ulises Marinero / Periodista

lunes 26, agosto 2019 - 12:00 am

La Asamblea Legislativa tiene a 24 aspirantes al cargo de procurador (a) para la defensa de los Derechos Humanos. Aunque en ninguna parte de la Constitución de la República está establecido que el titular de la PDDH debe ser abogado (a), de los 24 aspirantes solo una mujer ejerce una profesión distinta.

El nuevo titular debe estar nombrado antes del 21 de septiembre, para que la institución no quede acéfala, pues de no ser reelegida, ése sería el último día en el cargo de la actual procuradora. Aparentemente los diputados elegirán a tiempo, pues ya entrevistaron a la mayoría de candidatos.

Conozco a algunos aspirantes a procurador (a) de derechos humanos y sé que son personas probas, deseosas de servir a la nación, con una trayectoria profesional destacada y sobre todo muy capaces y conocedoras de Derechos Humanos. Pero también conozco a algunos (as) claramente identificadas con una corriente ideológica o, incluso, con un partido político.

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Los diputados deben descartar a todo aspirante con una vinculación política o con condenas. La PDDH no es una institución para la izquierda, la derecha o cualquier denominación ideológica. Es para que la dirija un (a) profesional con capacidad, profesionalismo y la valentía necesaria para defender los derechos humanos de todos los salvadoreños. Debe ser ecuánime y con una alta dosis de imparcialidad. No queremos un procurador (a) que guarde silencio para no caer en controversia con otras instituciones, pero tampoco un funcionario (a) que se pronuncie innecesariamente por el simple afán de figurar. Ya hemos tenido titulares de la PDDH que son expertos en callar y otros expertos en ver  solo las violaciones de derechos humanos de un sector.

Hace algunos años tuvimos a una procuradora que al referirse a los pandilleros les decía “mis muchachitos”, “mis niños” y los protegía como a “inocentes criaturas”; mientras que a los policías los consideraba “malos” y violadores de derechos humanos, porque hacían capturas de los pandilleros.


Muchos recordamos aquel fatídico 16 de diciembre de 2002, cuando agentes de la PNC realizaban una requisa en busca de drogas en el penal La Esperanza (Mariona). Los agentes Pedro Canizález y German Rodríguez fueron asesinados a golpes por varios reclusos. La entonces procuradora de derechos humanos impidió que otros agentes ingresaran a tratar de rescatar a sus compañeros. Al ser cuestionada sobre su acción señaló que su función era denunciar las violaciones de los derechos humanos de las instituciones del Estado y que los policías se defendían solos o tenían quien los defendiera.

Obviamente la PDDH surgida como producto de los acuerdos de paz, tiene como función principal defender a la ciudadanía en general, ante las posibles violaciones de derechos humanos por parte del aparato estatal. Pero resulta que salvadoreños somos todos los nacidos en este país e individualmente todos tenemos nuestros derechos (y deberes) fundamentales como seres humanos que conformamos un Estado.

La PDDH en su esencia existencial tiene como ligamen el artículo 194 de la Constitución de la República. Y entre sus funciones está investigar de oficio o por denuncia, casos de violaciones a los derechos humanos. Asimismo promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos de los salvadoreños, así como emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de los derechos humanos. En ninguna parte de su organicidad legal señala que se debe proteger solo a un sector. Es que acaso las pandillas no violan derechos fundamentales cuando extorsionan, matan, generan terror o cometen cualquier acción que desestabiliza al Estado y producen incertidumbre en la población. Los salvadoreños tenemos el derecho humano de vivir libres y en paz.




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