Editorial & Opinion

Un remedio permanente contra la impunidad

Eugenio Chicas / Diputado del FMLN al Parlacen

martes 17, septiembre 2019 - 12:00 am

Es medular el debate nacional respecto a la instauración, naturaleza y alcances de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

La polémica no es menuda: por un lado, el posible desmedro de controvertidos enfoques de soberanía nacional ante la intervención de un mecanismo invasivo de semejante naturaleza, considerado un cuerpo extraño a la institucionalidad, acompañado de las resistencias se arropan en los avances judiciales alcanzados en la investigación y enjuiciamiento de sendas figuras políticas del país como presidentes, ministros, secretarios de Estado, jueces, diputados y alcaldes; y por el otro, la búsqueda de un modelo necesario e ideal de lucha contra la corrupción sostenible en el tiempo.

Las experiencias utilizadas como referencia por quienes promueven esta figura internacional son muy dispares e inconclusas. Antes fueron aplicadas en Guatemala y Honduras con resultados insatisfechos que oscilan entre lo parcial, el fracaso y cuestionados mecanismos que lindan con la sospecha de manipulación y parcialidad política, pero especialmente cuestionados por la falta de resultados sostenibles –sobre todo en Guatemala- que abonen en la depuración, credibilidad, fortalecimiento y consolidación de la institucionalidad fiscal y poder judicial de aquel país por un periodo superior al de la instalación y funcionamiento de una comisión internacional.

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En Honduras ha sido cuestionado el papel desempeñado por la OEA por su pérdida de independencia y credibilidad, debido a su parcialidad y sometimiento al interés unilateral de EE.UU. en el abordaje de diversos conflictos continentales. La impunidad y corrupción son flagelos institucionalizados de larga data, abundan estudios e investigaciones de su perverso efecto perpetuando la pobreza y obstaculizando las posibilidades del desarrollo.

Presumimos que se han desviado importantes recursos públicos, todo bajo la inerte complacencia del poderoso imperio, que disponiendo de abundante información siempre se hizo del “ojo gacho” amparando y encubriendo a sus aliados de turno. Esta corrupción e impunidad también ha sido cobijo para facilitar el crecimiento de operaciones de narcoactividad, lavado de dinero y activos, contrabando a gran escala, evasión y elusión tributaria, amaños en los contratos de obras y servicios públicos convirtiéndose en una perversa maquinaria para amasar importantes fortunas.


Por lo tanto, el mecanismo que se decida implementar para investigar este grave flagelo debe tener la fortaleza de la independencia y la amplitud para intervenir e investigar a todos los órganos del Estado, incluyendo a privados. La amenaza de la venganza y del uso político electorero de cualquier mecanismo de investigación y justicia para superar la impunidad y corrupción, pone en riesgo la legítima aspiración de la sociedad para superar uno de los principales vacíos de los Acuerdos de Paz: la depuración del sistema fiscal y judicial.

El estilo impositivo y método autoritario de conducción del presidente Bukele, no genera confianza sobre un Gobierno represivo, en el que sus mismos funcionarios no se atreven siquiera a levantar la mirada ante el mandatario y menos a opinar o diferir. Al monopolizar la conducción de esta iniciativa desde su Gobierno, excluyendo el rol del poder legislativo, anulando todo mecanismo de diálogo y concertación entorno a un tema de gran interés nacional, genera dudas razonables sobre la intención de su propuesta, que no parece más que un mecanismo de control político desde el Ejecutivo.

La duda crece ante la discriminación aplicada a medios de comunicación y figuras críticas al Gobierno así como por la vengativa y miope persecución política, con torpe puntería, al despedir a trabajadores del Estado por su sola afiliación ideológica, que muestra un alevoso desprecio al debido proceso y derechos.

También es dudosa la falta de ejemplaridad para someterse a la aplicación de estos nuevos mecanismos de investigación, cuando él mismo e importantes figuras de su Gobierno se han beneficiado de dudosas maneras de financiamiento privado hoy sujetos a pesquisa; agregando a esto, la falta de información sobre el origen del financiamiento de su campaña electoral y el evidente vínculo orgánico de su administración con la del expresidente Saca, enjuiciado por graves hechos de corrupción.

El éxito de cualquier iniciativa de combate a la corrupción e impunidad -la que puede ser acompañada por la comunidad internacional especialmente Naciones Unidas, conocedores de la experiencia del proceso de paz en el país- solo tendrá resultados favorables y sostenibles en el tiempo, en la medida que surja de un proceso de diálogo y concertación nacional en que participen con voz y voto, sectores populares, la sociedad organizada -los más afectados por este flagelo- y los poderes del Estado, pues un modelo de transparencia, ético, que supere la corrupción, solo será posible si la sociedad lo asume, de lo contrario solo durará mientras exista la CICIES.




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