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Editorial & Opinion

Una Asamblea entrampada

Mauricio E. Colorado / Abogado

lunes 19, noviembre 2018 - 12:00 am

Un país que pasa más de cuatro meses sin el más importante tribunal del sistema judicial no sólo es ejemplo negativo de la incapacidad de toda la nación para resolver sus problemas judiciales básicos, como lo son la defensa y restauración de los derechos básicos y esenciales de sus ciudadanos, sino que denota además que sus políticos han trascendido la barrera de la capacidad de gobernar bajo normas de bienestar racional, y de conveniencia general para los súbditos de determinada sociedad.

Cierto es que dentro del desarrollo de los estados modernos existe lo que para conveniencia de las mayorías se conoce como votación calificada, en la cual, la comunidad exige que la mayoría simple sea superada –dada la importancia del tema a tratar- por una mayoría de votos, que represente un determinado grupo mayoritario de ciudadanos que respondan a los intereses de esas mayorías. Sin embargo, en estas latitudes, las disposiciones que regulan semejantes normativas, se usan para boicotear resoluciones, y provocar chantajes o negociaciones que a la larga, conllevan ventajas inmorales e indebidas a sectores políticos minoritarios que de otra manera no lograrían su sobrevivencia en el medio en que se desenvuelven.

En el trayecto, se producen los más variados  tipos de negociaciones, públicas o privadas, particulares o secretas, amañadas o no, pero que aparejan compromisos de deficiente estatura moral, de las más variadas, y que en el fondo, lesionan los sanos intereses de la población, que a la larga es la que sufre los efectos de tan perniciosas negociaciones.

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De nada han servido los análisis y estudios previos de quienes elaboraron las normas constitucionales que plasmaron en la norma básica del Estado –LA CONSTITUCION- si a la hora de aplicar dicha legislación, se encuentran las fórmulas para soslayar el espíritu del legislador constituyente, con los “acuerdos bajo de agua” que producen compromisos deshonestos.

En la actualidad se tienen bajo juicio a dos expresidentes bajo acusaciones y reclamos de más de TRESCIENTOS MILLONES cada uno, que, aunque se presumen inocentes por no haber sido condenados aún en sentencia, por el solo hecho de haber elementos para iniciar la acción, sean culpables o inocentes al final del juicio, ya denota que el sistema no es garantía de pulcritud. Alrededor de estos casos, se dice que existen muchos intereses para nombrar la nueva Sala Constitucional, lo que ha motivado que no se escoja a los elementos más capacitados para los cargos disputados, sino a aquellos que de alguna forma se sientan más comprometidos con determinadas ideologías políticas, es decir, con determinados partidos.


Lo grave del caso es que así como han pasado cuatro meses sin Sala Constitucional, lo mismo podría ocurrir con la elección del Fiscal General que debería elegirse en enero de 2019. En el pasado, situaciones menos graves que la presente, motivaban a la Fuerza Armada a remover a las autoridades por medio de los llamados Golpes de Estado, y el problema quedaba resuelto. Ahora, imaginamos que semejante idea provocaría otra guerra civil, más cruenta que la anterior y posiblemente con intervención de potencias extranjeras, dadas las condiciones políticas actuales en desarrollo. Sabemos que no son todos los diputados los que mantienen de rehén a la Asamblea, pero sabemos también quiénes son los que se aprovechan de los resquicios de la ley para mantener el entrampamiento.

Quienes manipulan la Asamblea, deben tener conciencia de que no es solo a esa institución a quien paralizan, sino a toda una nación. Esa actitud de no nombrar a la Sala, costará millones de dólares, que nadie querrá pagar. Al fin y al cabo no la pagarán los diputados. El Salvador y los salvadoreños, agotan su paciencia, y la aparente calma se puede desbordar. Deben tener cuidado señores, con lo que manipulan, porque en cualquier momento y en cualquier parte puede saltar la liebre.




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