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Editorial & Opinion

Una Asamblea fallida

Mauricio E. Colorado / Abogado

lunes 22, octubre 2018 - 12:00 am

La falta de nombramiento de los magistrados de la Sala de lo Constitucional ha llegado a niveles gravísimos, por el simple hecho del paso del tiempo, sin que la Asamblea Legislativa, o por lo menos algunos de sus diputados, tomen conciencia de que  el incumplimiento de esa obligación constitucional de nombrar los magistrados, es una falta grave que con seguridad ocasionará graves consecuencias para el país, e incluso para los propios diputados que de una u otra forma, mantienen de rehén a todo un primer Órgano del Estado, al impedir con su terca actitud, que se cumpla con una obligación primordial para el funcionamiento de la vida jurídica y natural de la nación.

Según el artículo 131 numeral 19 de la Constitución, corresponde a la Asamblea Legislativa elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,  y según manda el 235 de la misma ley, todo funcionario, antes de tomar posesión de su cargo, protestará cumplir y hacer cumplir la Constitución, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción, será responsable conforme a las leyes. A este momento, han pasado cerca de tres meses, y la obligación de nombrar a la Sala de lo Constitucional, simplemente no se ha realizado, en abierta violación a lo dispuesto por la norma fundamental por la nación.

Los señores diputados, que indudablemente se consideran superiores a los ciudadanos corrientes, deberían tener en cuenta que la misma Constitución contiene un artículo 244 que en su texto estipula que “la violación de las disposiciones constituciones  serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades en que incurran  no admitirán amnistía, conmutación o indulto…”.

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De hecho, en estos días tenemos el caso presente de lo ocurrido en la Fiscalía General de la República, institución encargada de vigilar que se cumpla la ley, y que por circunstancias ignoradas, el titular se descarrió y cometió innumerables abusos de autoridad que lo mantienen actualmente bajo cantidad de acusaciones de delitos, en la creencia que por la importancia de su cargo, no serían descubiertos y llevados a conocimientos de los tribunales.

A tal grado llega el temor de algunos políticos actualmente en cargos públicos, que ya han adelantado criterios y opiniones en el sentido de que no re elegirán al actual Fiscal, obviamente como medida de protección futura de incómodas investigaciones de conductas reñidas con la legalidad. Y en efecto, los comentarios que se escuchan entre personas de todas las clases sociales son muchas veces coincidentes en que determinados personajes incrustados en la política, tienen perfiles de dudosa reputación, que ponen en duda el futuro honorable de nuestro país, ante el concierto internacional de naciones.


De hecho, recientemente ya ha ocurrido la suspensión de El Salvador de un Organismo internacional debido al veto presidencial de una ley que pretendía actualizar la legislación para combatir efectivamente el crimen en determinadas áreas internacionales. (Dichosamente, el veto presidencial fue superado por la Asamblea en una votación ajustada que reivindica a El Salvador).

Los ciudadanos que observamos la política desde la barrera, quisiéramos transmitir un mensaje a los políticos activos, en el sentido de que es necesario tener en cuenta una visión de nación en todos los asuntos de la vida nacional, y entender que no solamente cuenta la política partidarista, ni la política territorial. Queremos decir que la política que desarrolla una Alcaldía en un sector determinado, de alguna forma influye en todo el territorio nacional, y en menos proporción, pero siempre de alguna manera, influye en el extranjero, y eso, a la larga, produce reacciones a favor o en contra de los salvadoreños todos.

Actualmente lo vemos y sentimos con los Estados Unidos que, toma decisiones que para bien o para mal, de alguna forma nos afectan. Y lo que haga la población, es menos controlable, pero lo que hace la Asamblea no podemos decir que no nos importa. Es el primer poder del Estado.




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