Editorial & Opinion

Una Cicies sin gérmenes patógenos

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

miércoles 4, septiembre 2019 - 12:00 am

La creación y funcionamiento de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en el país (CICIES), fue una de las promesas de campaña electoral del actual mandatario Nayib Armando Bukele Ortez, misma que enfatizó echaría a funcionar dentro de sus primeros cien días de gobierno. Ni en aquella etapa, ni ahora que ocupa el solio ejecutivo,  el presidente ha dado a conocer  detalles importantes o datos claros sobre las gestiones de ese organismo, motivo por el cual tanto la ciudadanía como los medios periodísticos, desconocen aspectos esenciales sobre la conformación, finalidades y especificaciones precisas de dicha entidad que, dicho sea de paso, ya fue avalada por el actual secretario general de la OEA, señor Luis Almagro, cuyas últimas actuaciones llevan la rúbrica de lograr su reelección en el cargo, incluso con apoyo de regímenes antidemocráticos como el de Evo Morales, en Bolivia y Nicolás Maduro, en Venezuela, dos referentes más que suficientes para plantearse, o elucubrar, aspectos negativos sobre la honestidad política de Almagro.

Ningún salvadoreño consciente, sabedor de los grandes desfalcos que otros han cometido respecto a los dineros del erario nacional, podría estar en contra de que esos casos escandalosos sigan investigándose, tal vez con mayor fuerza y efectividad, con el apoyo de una comisión internacional, pero  el hecho de que nuestro gobernante se apoye en la Organización de los Estados Americanos (OEA), de poca credibilidad en estos momentos, y no en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con mayor solvencia moral y política, hace que la confianza en esa comisión se reduzca aun entre los sectores afines al presidente Bukele.

Como corolario, resaltan las constantes afirmaciones del Ejecutivo de que la Cicies propuesta no necesitaría de la aprobación legislativa, situación que desde ya advertimos afectaría a esa nueva entidad, posiblemente con un alud de demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Los asesores jurídicos de Casa Presidencial saben, conocen y entienden, que de conformidad al Art. 131 de la Constitución, todo tratado, pacto o convenio que el órgano ejecutivo celebre con otros Estados u organismos internacionales, debe ser ratificado por mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, quien también puede denegar esa ratificación si lo considera conveniente, tras previo y justo razonamiento.

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Ese artículo vigente debe cumplirse obligatoriamente, antes que el presidente Bukele mande a publicar el decreto correspondiente al Diario Oficial. No es cuestión de dar órdenes por redes sociales a funcionarios del mismo órgano ejecutivo, o diputados del partido que apoya las iniciativas presidenciales a troche y moche, sino de dirigirse a otro órgano del gobierno del Estado, con total independencia y con sus propios parámetros, para encarar la aprobación o no de una Cicies libre de gérmenes patógenos que podrían afectar la nitidez y honorabilidad de sus investigaciones, como ya sucedió en Guatemala y más recientemente en Honduras.

Precisamente, por esos malos antecedentes en esas dos naciones hermanas, es que los conocedores del tema muestran mayor cautela en dar un respaldo amplio y sin mayores consideraciones a las propuestas presidenciales salvadoreñas. No están en contra de que se forme y actúe esa comisión; no están en contra de continuar investigando la corrupción galopante que tenemos en el país y que, quienes salgan involucrados, sean llevados a los tribunales de justicia; pero también muestran recelo por las actuaciones populistas de algunos de los actuales funcionarios y diputados del nuevo orden ideológico nacional; reflexionan preocupados cuando surgen declaraciones  extremas contra quienes no voten a favor de la mencionada entidad y surgen temores cuando se anuncia se adoptarán decisiones que, claramente, no van acordes a los parámetros de la ley superior constitucional y del sano raciocinio político que debe dirigir la funcionabilidad discrecional de un mandatario de nuestra nación. Vivimos y deseamos mantener invívito el estado constitucional de derecho y no desembocar en la anarquía política, o en la ciénaga oprobiosa de una indeseable tiranía. Queremos una Cicies limpia y honesta, sin contaminaciones extrañas a su funcionabilidad específica; acorde a los lineamientos de la legislación salvadoreña y sin poses de supremacía estatal, que sirvan para brindar apoyo a intereses bastardos, que podrían surgir en la mente de algún político mal intencionado.





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