Editorial & Opinion

Una procuraduría para todos y todas

Lourdes Molina Escalante / Economista sénior Icefi @lb_esc

viernes 6, septiembre 2019 - 12:00 am

Somos un país distópico en materia de derechos humanos. Las vulneraciones y violaciones a los derechos de todas las personas están a la orden del día y todas las personas podemos ser víctimas. ¿Ejemplos? 1 de cada 3 menores de edad no tienen acceso a la educación; 2 de cada 3 personas adultas están fuera del sistema de pensiones; cada día, 5 mujeres son víctimas de violación sexual, 3 de ellas son menores de edad; al 2018, se reportan al menos 116  presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía; cada día, en promedio, se registran 9 personas desaparecidas; la penalización absoluta del aborto persiste; víctimas y familiares del conflicto armado siguen sin tener acceso a la justicia y a la reparación; miles de personas trabajan en condiciones precarias, con salarios inferiores al mínimo, sin seguridad social y vulnerables a despidos injustificados; las personas de la diversidad siguen siendo discriminadas y violentadas; tenemos una política de seguridad con medidas extraordinarias que violan los derechos de las personas privadas de libertad; las industrias contaminan el agua y la Asamblea Legislativa sigue sin aprobar una ley que garantice el derecho humano al agua; nuestros pueblos indígenas siguen sin ser reconocidos; los presupuestos para derechos como salud y educación son cada vez menores y el sistema tributario afecta más a las personas de los hogares más pobres;  esta puede ser una lista sin final.

El propósito de hacer un recorrido por las diferentes formas en que se violan los derechos humanos en nuestro país no es para dar por perdida cualquier esperanza de un futuro más digno y más humano, sino para ilustrar la magnitud del desafío que tenemos y la importancia de contar con una Procuradora o Procurador de Derechos Humanos que, a partir del reconocimiento que los derechos son universales e inalienables, sea capaz de hacer frente a dicho desafío. ¿Por qué? Esta persona tiene el mandato constitucional de dirigir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y desde ahí velar por la protección, promoción y  garantía de los Derechos Humanos, todo esto con el reto de realizar sus labores de manera independiente, incluso de las instancias estatales que le elegirán.

Este mes la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de elegir entre 24 aspirantes a la persona que durante los próximos tres años desempeñará este cargo. De acuerdo con la ley, esta debería ser una persona con trayectoria y conocimiento en materia de derechos humanos, proba y de moralidad notable. Lamentablemente, y como es costumbre en las elecciones de magistrados, fiscales y procuradores que se realizan en el Legislativo, la transparencia y metodologías de evaluación técnicas y objetivas han estado ausentes. A la fecha, lo que se ha podido conocer es el proceso de entrevistas de cada aspirante ante la Comisión Política, entrevistas sin estructura, que en algunos casos incluso lleva a cuestionar la capacidad de los y las diputadas para tomar decisiones acertadas para la garantía de los derechos humanos.

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La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de rechazar a personas que no cumplan con los requisitos que la ley establece para este cargo: personas con señalamientos de corrupción o incluso condenadas por el Tribunal de Ética Gubernamental por beneficiar con ascensos laborales e incrementos salariales a una familiar; personas que no respetan la naturaleza laica del Estado y de la función pública y que solo les interesa defender los derechos de quienes comparten sus principios religiosos.

Ya es hora de que las elecciones de segundo grado, como la elección de la persona titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se realice con seriedad, responsabilidad y transparencia, con base en evaluaciones objetivas sobre los conocimientos, la capacidad y experiencia de cada aspirante, y no como el pago de favores políticos o movimientos estratégicos para proteger los intereses de un sector en particular. Es momento que en nuestro país los derechos dejen de ser privilegios o actos de caridad. Esta elección puede ser el primer paso de los diputados y diputadas para no fallarle a la ciudadanía en la defensa de los derechos humanos. El siguiente paso deberá ser avanzar, con madurez y valentía, hacia una reforma fiscal que permita la garantía de los derechos de todas y todos. En buena medida, de estos hechos concretos, depende la legitimidad de la Asamblea frente a la sociedad salvadoreña.





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