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Política

“Uno de los retos es mejorar la elección de funcionarios”

Gerson Chávez

jueves 27, diciembre 2018 - 12:00 am

Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades

El director de Estudios Legales de la Fundación de Estudios para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) menciona retos para el año 2019 y manifiesta preocupación por declaraciones sobre una reforma constitucional o una nueva Constitución. Pide que se revierta la reserva a los casos de Probidad, que la Corte Suprema de Justicia retome las investigaciones sobre el patrimonio de los funcionarios, aprobar una nueva Ley de Probidad y también mejorar la elección de funcionarios de segundo grado en la Asamblea Legislativa.

 

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¿Hubo avances, retrocesos o estancamiento en el combate de la corrupción durante el año 2018?

Al revisar el año, vemos aciertos y desaciertos. En cuanto a los aciertos, me parece importante y relevante destacar que se haya logrado una condena por un caso de gran corrupción del expresidente Saca. Faltan otros procesos de gran corrupción que se están ventilando. Falta el caso que involucra al exfiscal de la República (Luis Martínez) y el caso del expresidente Funes. Me parece que uno de los desaciertos del año han sido las deficiencias alrededor de los procesos de elección de los funcionarios.  Empezando con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tuvimos un retraso de cuatro meses, con muestra de opacidad a lo largo de proceso y sin criterios objetivos para evaluar el mérito de los candidatos y eso se está repitiendo en la elección del fiscal general de la República. Hoy por hoy, no los tenemos estos parámetros y los que tiene el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa son insuficientes.


 

¿Qué elementos tienen que agregarse en el Reglamento Interior de la Asamblea?

Tienen que agregarse espacios de participación ciudadana. Incluirse instrumentos que midan objetivamente el mérito y las cualidades de los candidatos; es decir, los baremos. Los baremos que tanto rechazo han tenido de los diputados por no querer contar con un instrumento que oriente la elección hacia la idoneidad y que pone de manifiesto cuando lo que se busca es elegir con criterios políticos partidarios o por cuotas. También, el tema de la deliberación tiene que mejorar y tiene que haber un perfil elaborado antes que inicie el proceso. Las entrevistas, que hay que reconocer que son públicas, pero me parece que deben profundizar más y sean más individualizadas sobre la trayectoria de los candidatos.

 

¿Y en materia de Probidad?

Los casos de Probidad se paralizaron y es importante que se retomen e impulsen ese tema con la Corte Plena. Esto nos va a llevar a que también tenemos que cambiar la Ley de Enriquecimiento Ilícito  de Funcionarios y contar con una Ley de Probidad con herramientas efectivas para prevenir y sancionar de forma contundente el enriquecimiento ilícito. La ley que había aprobado la Asamblea Legislativa y que prácticamente venía a delibitar todo el trabajo que venía haciendo la Corte Plena fue declarada inconstitucional. Una de las cosas que se mencionó fue que quien tiene iniciativa de ley alrededor de este tema es la Corte Suprema de Justicia. Quien debe presentar el proyecto es la Corte Suprema de Justicia para que se discuta en la Asamblea Legislativa. Esperaríamos que ese tema se continúe con la nueva conformación de la Corte Plena, que  reciba los insumos técnicos que se hicieron desde la sociedad civil y que se pueda tener una buena Ley de Probidad. Esperaríamos que se revise esos criterios sobre la reserva de los casos de Probidad, eso me parece que fomenta la opacidad y debería revertirse ese criterio de la reserva que se dio.

 

¿El artículo 240 de la Constitución aplica sobre casos de enriquecimiento ilícito?

Anteriormente se ha había entendido que la información era reservada, pero ese criterio cambió con el Instituto de Acceso a la Información Pública que mencionó que en consonancia con el derecho de acceso a la información pública podían haber versiones públicas. Solo los datos de las personas se mantiene como reservado, lo demás tiene que conocerse.

 

¿A qué puede atribuirse la paralización del trabajo en la Sección de Probidad?

No sé a qué se deberá, si a presiones que se están teniendo por los casos que se están conociendo, pero ha habido una disminución marcada y es necesario que los procesos se retomen.

 

¿Cuáles son los retos institucionales en materia de transparencia para 2019?

Uno de los principales retos es que no haya retrocesos. En el Instituto de Acceso a la Información Pública se van a elegir a tres de los cinco comisionados. Es importante que elijan a las personas que tienen el perfil, conocimientos en transparencia y acceso a la información, una ética libre de cualquier cuestionamiento y personas independientes porque el Instituto de Acceso a la Información Pública también es un ente de control. Lo que hemos visto es que en las ocasiones previas, en que se hicieron elecciones de comisionados, es que hubo problemas muy graves. Cuando se tuvo que sustituir al sector empresarial y de las universidades, las propuestas que le correspondían hacer al sector empresarial hubo una serie de cooperativas que fueron creadas y eso provocó un amparo que está pendiente de resolverse en la Sala de lo Constitucional.

 

Siguiendo en el tema de elecciones, ¿qué esperan en materia de institucionalidad del próximo presidente de la República?

Que respete la institucionalidad y la Constitución, que respeten el sistema de frenos y contrapesos y ya no vuelvan a suceder los ataques a la institucionalidad como ocurrió con la anterior Sala de lo Constitucional. Es importante que haya un compromiso con el sistema democrático de cero tolerancia a la corrupción. Que sean gobiernos abiertos, transparentes. No puedo dejar de mencionar las preocupaciones por algunas declaraciones en relación a los cambios de Constitución. Me parecen que esos mensajes generan inestabilidad.




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