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Editorial & Opinion

Urge detener el ataque a la autoridad

Mauricio E. Colorado / Abogado

lunes 24, septiembre 2018 - 12:00 am

Desde  hace algún tiempo se observa un sistemático, real y efectivo ataque a la autoridad (especialmente a los agentes de la PNC) quienes han sido blanco preferente de la delincuencia organizada reflejada en las pandillas, y posiblemente dirigidas por el narcotráfico internacional. Lamentablemente ya se hace evidente que la delincuencia ha tomado posiciones clave en las instituciones oficiales de gobierno, tales como la PNC misma, Alcaldías, Asamblea Legislativa, Órgano Judicial y muchas otras dependencias de gobierno que intervienen en el sistema de justicia que pretende regir a nuestra nación.

Al hacer un análisis serio de lo que sucede en nuestro país se puede llegar a varias conclusiones, y entre ellas puede entreverse que la lucha ideológica por el control político, de la nación no deja de influir en el resultado de la vivencia que comentamos. De hecho algunos intentos de resolver la situación protegiendo a líderes de alto nivel, han logrado complicar la situación, lejos de solucionarla, tal como ocurrió con la mal llamada tregua, en la cual se mezcló a las más altas autoridades del país, al final el resultado fue el fortalecimiento de las estructuras delincuenciales. A estas alturas, el problema ha crecido a niveles tales, que la solución exige medidas drásticas en las que necesariamente deben intervenir todas las fuerzas e ideologías  de El Salvador, bajo riesgo de que si no se logran acuerdos reales el país tome los derroteros de un Estado fallido.

De hecho ya tenemos casi a diario manifestaciones que causan desórdenes públicos que complican la libre circulación de los ciudadanos, y sus efectos en la economía nacional por los costos que provoca.

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La incapacidad de la Asamblea Legislativa para elegir a la Sala de lo Constitucional por más de dos meses lo demuestra y solo indica que los integrantes del llamado primer órgano del Estado, son unos irresponsables, por lo menos, o unos incapaces por lo más, según sea involuntario o voluntario el deseo de no elegir a dicha sala. Estos desórdenes a todo nivel, provocan que la delincuencia se atreva a asesinar a niveles bajos (simples agentes, o sus familiares) con el objetivo de amedrentar,  destruir o reducir su moral, con lo que logran  disminuir el combate a la delincuencia.

Ante esos efectos a nivel de ciudadanos, se ha comprobado la delincuencia a niveles superiores (dos ex presidentes juzgados, y varios ex ministros en prisión) que no creyeron que la ley les tocaría por sus altos cargos. Para muchos ciudadanos es hora de proceder a elaborar una dura reforma de las leyes a efecto de lograr por lo menos temporalmente –y con el gobierno que sea- recuperar el respeto de la autoridad legítima e imponer el orden tan necesario para el funcionamiento del país.


Entre los contrastes mayúsculos que nos encontramos a diario son los ataques que se producen contra el Fiscal General y su equipo, que con tanto riesgo personal desarrolla una tenaz lucha contra la corrupción y la delincuencia, y a quien muchos políticos quisieran separarlo del cargo, para quien sabe qué propósitos nefastos. El Salvador, dio hace algunos años un firme paso hacia el progreso, cuando eliminó la pena de muerte de su legislación constitucional.

Sin embargo, la situación actual parece demostrar que en ese entonces hubo una equivocación. El país no estaba culturalmente desarrollado para dar ese paso. Actualmente el asesinato de policías ha provocado –quiérase o no- el resurgimiento de los abominables escuadrones de la muerte, que pretenden hacer justicia por su propia mano. Tal actitud, reclama el regreso de la pena de muerte para quien asesine un agente de policía o a un pariente, o a cualquier funcionario o autoridad.

Ciertamente el caso de la agente Carla Ayala es otro caso enigmático que provoca mucha angustia en los salvadoreños, porque es un caso especial en el que la víctima y sus victimarios son agentes de la PNC, o sea que el asunto delincuencial se desborda de lo que se podría llamar “cauces” normales. Sea como sea, urge una solución y todas las fuerzas políticas tienen obligación de buscarla.




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