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Editorial & Opinion

¡Vamos todos a votar!

Armando Rivera Bolaños / Abogado y notario

sábado 2, febrero 2019 - 12:00 am

Estamos a las puertas de otro acontecimiento vital para marcar el futuro del país entero durante los próximos cinco años: las elecciones presidenciales señaladas por el ente rector (TSE) para el domingo 3 de febrero, por efectuarse en todo el territorio nacional y las que, de conformidad con los artículos 71 y 72 de nuestra Constitución, son un derecho y un deber ejercidos por todos los salvadoreños mayores de 18 años de edad, excepto aquellas personas que, por mandato de ley o por insania mental, hayan perdido o se les hayan suspendido sus derechos de ciudadanos que les inhibe participar en los sufragios diversos de la República. Los derechos políticos de los ciudadanos, sin distinción de sexo, que se encuentran contemplados en la Ley Magna son: ejercer el sufragio; asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley (o sea el Código Electoral) e ingresar a los ya constituidos, así como optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determine la Constitución y las leyes secundarias, como estar en pleno uso de sus facultades mentales, ser de notoria instrucción y moralidad, no haber perdido sus derechos ciudadanos y otros requisitos similares.

Precisamente, los derechos ciudadanos se pierden para aquellos individuos de conducta notoriamente viciada; los condenados por delito; los que compran o vendan votos en las elecciones; los que apoyen la reelección presidencial; los funcionarios, las autoridades y los agentes de éstas que coarten la libertad de sufragio. Escribo estos datos por tener mucha actualidad y además para orientar a los compatriotas sobre la importancia que tienen y deben tener las elecciones que vamos a celebrar.

A estas alturas, el cuerpo electoral, que lo conformamos todos y cada uno de los ciudadanos capaces de ejercer el sufragio, tenemos ya claro quién de los cuatro candidatos en contienda, reúne con credibilidad indiscutible y demostraciones vistas en la campaña, los requisitos inexcusables e indispensables de poseer moralidad e instrucción en forma notoria y estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores a la elección. Como salvadoreños conocemos, a estas alturas, las capacidades y limitaciones de cada uno de los aspirantes a ocupar el solio presidencial en el próximo quinquenio que comienza en junio; pero insisto, dónde debemos detenernos con mucha reflexión e interés para tomar la decisión de darle o no la ventaja electoral con nuestro voto, es en analizar cuidadosamente quién de ellos, reúne o posee en forma sobresaliente esos requisitos fundamentales de instrucción y moralidad que señala la Carta Fundamental, cuando se trata de elegir tanto al Presidente como al Vicepresidente de la República. Precisamente, debemos preguntarnos en estos tres días de “silencio electoral y de reflexión personal”, ¿por qué los constituyentes normaron en la Constitución vigente la exigencia de poseer esos dos atributos para quienes desean ser mandatarios del país? ¿Qué rol juega el poseer moralidad e instrucción notorias en el ejercicio presidencial?

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Dirigir los destinos patrios de casi seis millones de habitantes, con retos enormes que se avecinan en materia de educación, salubridad, seguridad, etcétera, requieren de un jefe de Estado capaz de planificar adecuadamente con su gabinete, programas válidos y sustentables; haciendo uso razonable y honesto de los recursos financieros del Estado para no incurrir en gastos  excesivos, derroche de fondos y saqueos al erario nacional, como se ha visto en recientes administraciones y cuyos procesos penales aún se tramitan en diversos tribunales del país. Solo una persona con instrucción obtenida tras varios años de estudios superiores, con experiencia en planificaciones, con visiones realistas y espíritu decisorio puede adquirir este mandato de sus conciudadanos. Pero no basta ser solo instruido. Eso lo previeron los constituyentes y reconocieron que en la historia nacional existen constancias de presidentes que fueron muy ilustrados, conocedores de ciencias jurídicas o económicas, pero que cometieron grandes delitos financieros, aprovechándose impunemente del erario nacional, conformado por los dineros que se recaudan de los impuestos, tasas y aranceles exigidos a la población, para reinvertirse en su propio bienestar común. Por ello, junto a la exigencia de notoria instrucción, también agregaron que debe poseer notoria moralidad. Estos aspectos no requieren de mayor explicación.




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