Editorial & Opinion

Votar por rostro edilicio: un avance electoral

Armando Rivera Volaños / Abogado y Notario

lunes 9, diciembre 2019 - 12:00 am

Con satisfacción ciudadana leímos en este diario, que la Asamblea Legislativa había superado el veto presidencial al decreto de reforma electoral que introduce, por primera vez en la historia patria, que para los próximos y subsiguientes comicios municipales, los ciudadanos votaremos sobre los rostros de quienes participen como candidatos para ser alcaldes de sus respectivos municipios. Según el argumento manifestado por el presidente Nayib Bukele, el votar por el rostro únicamente del candidato a jefe de la comuna era “inconstitucional”, pues debía extenderse a votar por los rostros de todos los que aspiren a ser concejales, lo cual consideramos, desde el primer momento, que carecía de seriedad jurídica, pues de no haberse superado dicho veto, la ciudadanía votante se enfrentaría a varias posibles situaciones: una, recibir una papeleta con una cantidad exagerada de rostros, quizás hasta de personas desconocidas, que acabarían por desanimarla y votar en blanco o anular el voto; otra, hay municipios que por su densidad poblacional registrada, llevan hasta diez o más concejales en la planillas de cada partido político y si, hipotéticamente, fueran diez los concejales y participaran cinco institutos, el elector se acercaría a las urnas para votar por cincuenta rostros diferentes en un lapso mínimo, a fin de dar oportunidad que otros votantes ejerzan el sufragio, antes que cierren los centros de votación respectiva.

Hasta aquí, hemos hecho un análisis de inconveniencias, retrasos innecesarios y hasta un sistema de sufragio que, en vez de facilitar el voto, lo dificultaría mucho, especialmente con votantes analfabetas o con discapacidades físicas, que se hubiera convertido en suficiente razón para vetarlo, pues contraría el derecho y deber de ejercer el sufragio, contemplados en los artículos 73 y 74 de nuestra Constitución, respectivamente. Infortunadamente, esta era precisamente la postura del gobernante: que se incluyera en las papeletas de votación los rostros de todos los candidatos a alcaldes y concejales.

Si bien, el artículo 84 de la Constitución, señala que el Presidente y Vicepresidente de la República, los diputados a la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano y los miembros de los Concejos Municipales, son funcionarios de elección popular, es el Código Municipal vigente quien como ley especial de la República, rige la conformación y funciones de los miembros de los concejos municipales, mismos que justifican con mucha legalidad y  sana praxis, que se aprobara razonablemente que para elecciones de autoridades municipales, se vote únicamente por los rostros de quienes participan como candidatos a alcaldes, es decir los máximos jefes de un municipio salvadoreño. En dicho Código, encontramos en su artículo 24 que el concejo municipal “es la autoridad máxima del municipio y será presidido por el alcalde”, condición esencial que se mira reflejada en forma clara e indudable en los artículos 47 y 48 que dicen textualmente: “El alcalde representa legal y administrativamente al municipio” y “el alcalde municipal es el funcionario facultado para actuar en nombre y representación legal del Concejo Municipal”, respectivamente. No estamos diciendo, o sugiriendo, que los concejales no tienen ninguna importancia.

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¡Claro que tienen autoridad e importancia en las decisiones que favorezcan al municipio! Y esa importancia la consigna el artículo 24 del mencionado Código cuando reza: “El concejo municipal es la autoridad máxima del municipio y será presidido por el alcalde”. Luego, si la figura preeminente, el rostro de la autoridad edilicia de cada uno de los 262 municipios, es el alcalde elegido por la mayoría de ciudadanos, justifica en términos de equidad, facilidad y conveniencia de ejercer el sufragio, que se vote únicamente por el rostro de quien, al ser elegido, representará los intereses no solo del concejo que preside, sino de la población que reside y paga sus impuestos en cada municipio salvadoreño. Lo expresa con caracteres indelebles el artículo 30, numeral 8 del citado Código Municipal cuando concede al señor alcalde “la facultad de aprobar contratos administrativos y de interés local, cuya celebración convenga al municipio”. Más clara no puede ser la ley específica, en lógica consonancia con los mandatos constitucionales contenidos en los artículos citados al inicio de esta columna y que llevan, como objetivo primordial, que los sufragios sean sencillos, limpios y accesibles.




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