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Editorial & Opinion

10 de mayo: a propósito de las madres de la patria

Ana Cevallos / Economista Investigadora @Cevallob

jueves 10, mayo 2018 - 12:00 am

En Centroamérica han ocurrido contiendas electorales cuyos resultados evidencian, entre otros aspectos, distintos grados de maduración y consolidación democrática, particularmente si se analizan desde una perspectiva de legitimidad basada en la paridad representativa.

Por ejemplo, en el caso de El Salvador los resultados de las elecciones legislativas revelan una marcada brecha a favor de los hombres (68 % de diputados frente a un 32 % de diputadas), pareciendo evidenciar el carácter patriarcal y disfuncional de la democracia salvadoreña, ante la subrepresentación de más del 50 % de la población del país.

Lo contrario ocurre en Costa Rica, donde los resultados electorales arrojan, a primera vista, una lectura diferente: en el órgano legislativo se logró una participación histórica del 45 % de mujeres en la Asamblea. Además, en el órgano ejecutivo una mujer alcanzó la Vicepresidencia, siendo la primera afrodescendiente que ocupa este cargo en América Latina.

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Con estos elementos es pertinente cuestionar ¿Es más funcional la democracia costarricense que la salvadoreña? Y sobre todo ¿Hasta qué punto la paridad representativa basada en el sexo contribuye a la igualdad de género? La respuesta no es tan automática como parece. Si bien una mayor paridad representativa constituye una condición necesaria para una democracia legítima, no resulta suficiente. Pues lo determinante estriba en conocer hasta qué punto la agenda de quienes alcanzan el poder (independientemente de su sexo) incorpora la igualdad de género como condicionante para una ciudadanía plena (en lo económico, político y social), o por el contrario, se trata de una agenda que reproduce una sociedad misógina.

Siendo así, y considerando únicamente la paridad representativa puede afirmarse que Costa Rica constituye una de las democracias más consolidadas de la región. No obstante, si se amplía el análisis (considerando la democracia económica y social) es de decir que este país aún presenta importantes desafíos. Según el indicador de brechas publicado en The Global Gender Gap Report (Informe de la brecha global de género) del Foro Económico Global, para el 2017, Costa Rica registró la mayor brecha de la región centroamericana: un 38 % de disparidad en materia económica y de oportunidades entre hombres y mujeres. Por otro lado, en temas como el aborto por ejemplo, en dicho país la única vía para la interrupción del embarazo de forma legal, es por peligro de muerte de las madres; no obstante incluso en estos casos se ha comprobado que se prioriza la continuación del embarazo, bajo el lema del derecho a la vida. Finalmente, en cuanto a las iniciativas para legalizar las uniones de hecho de las parejas del mismo sexo, éstas se encuentran estancadas en el Congreso desde hace varios años.


Por tanto, de la experiencia de Costa Rica pueden derivarse algunas lecciones para El Salvador. Destacando que la agenda por la igualdad no se garantiza con la paridad representativa basada en el sexo de quienes toman las decisiones. En este sentido, no puede esperarse que una mayor representación política de las mujeres produzca por sí misma resultados sociales que favorezcan los objetivos de igualdad en general, y los derechos de las mujeres en particular. Basta observar que tanto Costa Rica como El Salvador, con marcadas diferencias en materia de paridad participativa (siendo más representativa en la primera nación, según el indicador analizado), registran un abordaje de cierta forma similar en temas tan controvertidos como el aborto.

En este marco, no cabe duda que como sociedad resulta obligatorio promover la participación equitativa de hombres y mujeres como parte de una democracia legítima. Pero fundamentalmente es necesario superar la visión paternalista (y patriarcal) de la sociedad y de la función pública: no se trata de madres y padres de la Patria, como popularmente son reconocidos, sino de funcionarios y funcionarias públicas. Tampoco se trata de bloques separados según sexo o género, ni mucho menos de colectivos con intereses homogéneos. Con estas consideraciones, como sociedad tenemos el derecho de exigirles sin distinción (de su sexo o género u otras consideraciones) la incorporación de la igualdad como parte de sus agendas políticas.




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