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OPINION

La clase política salvadoreña ha desgastado las palabras «acuerdo fiscal».  No porque se hayan esmerado por conseguirlo, sino porque este término ha sido utilizado para demostrar que la otra parte (Gobierno o partido de oposición) es quien se opone a alcanzarlo.  No obstante, ahora que se aborda este tema, valdría la pena recordarles a los políticos para qué sirve la política fiscal.

Una política fiscal moderna tiene por lo menos cuatro grandes objetivos. Primero, distribuir entre toda la ciudadanía, de forma justa e igual, por medio de la recaudación tributaria y el gasto público, los frutos económicos producidos en la sociedad. Segundo, apoyar el crecimiento económico sostenible, generando infraestructura económica y social, así como el cuido del medio ambiente. Tercero, poner en marcha políticas públicas que eleven la producción, generen empleos suficientes con salarios justos, mientras se mantienen precios estables. Cuarto, y más importante, garantizar a toda la población derechos que les permitan disfrutar de una vida plena.

¿Los cambios que se están acordando en el país son para alcanzar estos objetivos? Tengo la sensación de que no. Y digo sensación, porque las discusiones (negociaciones) entre el Gobierno y ARENA, se han dado en privado, como la vieja política donde se cree que al ser representante del pueblo se tiene un cheque en blanco y por lo tanto pueden hacer y decidir lo que ellos quieran. Sin embargo, dada la caída abismal en la credibilidad de los partidos políticos, tener este tipo de encuentros sin que la ciudadanía tenga acceso a lo que dicen o hacen, les resta legitimidad.

Si bien es cierto, la polarización política ha llegado a niveles inimaginables, y diversas voces han urgido a alcanzar un acuerdo político, no podemos conformarnos con cualquier tipo de acuerdo. Y mucho menos uno en el que la cuenta la terminen pagando quienes ni siquiera han sido invitados a la fiesta.

Por ejemplo, al analizar las propuestas planteadas por ARENA hay aspectos positivos e importantes, como el hecho de que se cuente con presupuestos completos, transparentes y plurianuales; realizar análisis de efectividad del gasto en todas las instituciones y programas, así como recortar al mínimo necesario los gastos de publicidad, viajes y otros no esenciales (ojalá fueran la contratación de seguros privados, pero no). Empero, hay aspectos peligrosos, como por ejemplo una reducción del déficit de 1.5 % del PIB para el próximo año, recortando el gasto público; esto tendría consecuencias para el crecimiento económico, tal como lo ha mostrado un reciente estudio del BCR, donde la reducción de un punto del PIB del gasto público afecta el crecimiento entre 0.6 y 0.7 puntos.

El Gobierno, por su parte, solo ha hecho pública la propuesta de reforma de pensiones presentada hace varios meses a la Asamblea Legislativa, pues sostiene que es ahí donde se concentra el problema fiscal del país; así como una propuesta de ley de cobro para deudas tributarias. Además de reconocer que sí es necesaria una Ley de Responsabilidad Fiscal, aunque no han dicho en qué términos. Por lo demás no han hecho pública otra propuesta.

En lo que sí coinciden ambos es en que sea el Fondo Monetario Internacional quien acompañe el acuerdo fiscal. Todos los caminos conducen a Roma dice el dicho; pero en los temas fiscales, parece que todos los caminos conducen al Fondo, quienes se decantan más por cuadrar números que por mejorar condiciones de vida de la población. ¡Vaya árbol al que nos hemos arrimado!

Aplaudo que el Presidente haya anunciado en cadena nacional que el Gobierno se declarará en emergencia hasta alcanzar acuerdos entre los distintos sectores políticos. Ojalá no sea un discurso vacío, sino que de ahora en adelante tengamos un diálogo incluyente y transparente; donde a partir de la voz de los diversos sectores, se pueda construir un país con igualdad de oportunidades, basado en un acuerdo integral regido por los verdaderos objetivos de la política fiscal que no se limitan a cuadrar las cifras en el papel.

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