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Entre los proyectos que se propone ejecutar a través de un APP está la ampliación de la terminal de carga del aeropuerto Monseñor Romero. /DEM

Organizaciones civiles de Latinoamérica alertaron ayer que los asocios público-privados (APP) imponen al Estado el cumplimiento de beneficios que implican riesgos fiscales importantes, mismos que, a juicio del Banco Mundial (BM), deben también asumir las contrapartes privadas que participan en estos mecanismos.

La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) señaló este martes que las garantías que el Estado debe asegurar a las empresas con las que formará un APP solo pueden ser cumplidas por países de altos ingresos, no por los más pobres.

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Latindadd participa en un foro paralelo a las reuniones anuales que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM desarrollan en Lima, Perú. En una reunión con periodistas, previo al inicio de las reuniones oficiales y alternativas, expertos de las organizaciones miembro de la Red externaron su preocupación por los APP. Estos son contratos de largo plazo entre el Estado y un socio privado, con plazos que pueden superar los 30 años, en donde la empresa provee infraestructura o servicios que tradicionalmente son suplidos por el sector público.

María José Romero, investigadora de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodadd, en inglés), señaló que los organismos multilaterales han fomentado el uso de este mecanismo bajo la premisa que los Estados carecen de los recursos suficientes para invertir en infraestructura y servicios, por lo que la intervención de un privado se hace necesaria. A cambio de esa participación, añadió, se debe garantizar al socio privado la obtención de ganancias, de lo contrario el Estado asume las pérdidas que puedan ocurrir si fracasa el proyecto. Pero solo “países de renta alta y media son los que están en condición de asegurar que las empresas tengan los retornos. Los de media baja y baja no están en condiciones para brindar esas garantías”, señaló.

Aldo Caliari, del Center of Concern, con sede en Washing-ton, EE.UU., indicó que los contratos de los APP poseen cláusulas que no se someten a mayores escrutinios y conceden beneficios que a la larga resultan en altos costos para los Gobiernos, como acuerdos de estabilización tributaria, modificaciones en las tasas de cambios y otras condiciones que estando en el libre mercado no podrían obtener.

El vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar, reconoció que sí existen riesgos en los APP y consideró que debe buscarse un equilibrio para que el sector privado también los asuma, no solo la parte pública.

Familiar afirmó que los asocios “conllevan algunos riesgos de los que hay que estar muy pendientes” y añadió que deben estructurarse “de una forma en la que, en efecto, se transfieran beneficios al sector privado, pero que también se transfieran riesgos”.

Pero el balance no es suficiente. Instituciones fuertes y constante supervisión son importantes, añadió Familiar. También es necesario centralizar en una institución el otorgamiento de concesiones relacionadas a los APP, y cuidar una potencial renegociación.

Los analistas de Latindadd citaron datos presentados por Maximilien Queyranne, del departamento de Asuntos Fiscales del FMI, en África, el año pasado.

En su presentación sobre los riesgos fiscales de los APP, señaló que el 55 % de los asocios son renegociados, en promedio, cada dos años y en la mayor parte de los casos, se beneficia más al sector privado. El 62 % de los casos terminaron en un aumento en las tarifas que se cobran a los usuarios de la infraestructura o el servicio financiado con el asocio.

Los APP en El Salvador

Los primeros dos APP que se implementarán en El Salvador se harán con la asistencia técnica de la Corporación Reto del Milenio (MCC), dentro del segundo compacto de los Fondos del Milenio, el Fomilenio II.

Dentro del componente Clima de Inversiones, el Gobierno salvadoreño incluyó el diseño de al menos dos asocios con privados. Es decir, parte de los $277 millones que donó la MCC al país se invertirán en estudios que comprueben la factibilidad de desarrollar los proyectos a través de APP, así como en el montaje del andamiaje institucional para llevar a cabo contratos de este tipo.

El Gobierno ya presentó a Fomilenio II ocho proyectos que pueden financiarse con un APP, y éstos se han sometido a un análisis preliminar, de los que se elegirán a cuatro o cinco, que pasarán a una fase de prefactibilidad, y los elegidos entrarán a la de factibilidad.

8 Proyectos

El Gobierno ha presentado a Fomilenio II una lista de ocho proyectos para elegir los que se desarrollarán con un APP.

3 % Del PIB

El Gobierno puede desarrollar proyectos en APP que en conjunto no superen el 3 % del Producto Interno Bruto (PIB).

 

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