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Al revisar la historia penitenciaria, nos encontramos con un hecho sorprendente: desde la más remota antigüedad, las diversas culturas del mundo crearon la pena de prisión para determinados delitos, incluyendo la blasfemia y la rebelión de los esclavos. Se desconoce cómo serían las cárceles en esos lejanos tiempos. Hasta el presente, la arqueología no ha descubierto una sola en perfectas condiciones de conservación, pero suponemos que tenían condiciones infrahumanas, deducción que nace del análisis de los sistemas que existieron en la Europa medioeval cuyo propósito era hacer sentir al prisionero las más crueles condiciones de encierro, con torturas complementarias, encadenamiento perpetuo, escasa alimentación y trabajos denigrantes, es decir, debían cumplir “la penitencia” impuesta por su crimen o “pecado”.

Esa idea “penitenciaria” proviene, pues, del ámbito religioso cristiano, misma que posiblemente haya influido también en la construcción de centros penales defectuosos en el mundo occidental, que devino en el hacinamiento de prisioneros, es decir, colocar gran número de ellos en espacios carcelarios de poca capacidad física, reduciendo aspectos de comodidad y movimiento, pero que también incrementaron la insalubridad, enfermedades diversas, problemas mentales y riñas frecuentes entre los detenidos. La criminología moderna expone, con razonables motivos, que esas condiciones infrahumanas no contribuyen ni al logro de la readaptación, mucho menos, en despertar un anhelo de cambio conductual en los prisioneros sometidos a situaciones estresantes en su encierro, que muchas veces los impulsan a realizar más hechos delictivos al lograr su libertad. De igual manera, la psicología  especializada en tales aspectos, es enfática al afirmar que sobre cualquier consideración moral, jurídica, o de otra especie, la persona infractora del ordenamiento legal, hombre o mujer, sigue conservando algo inapreciable: su condición de ser humano, con plenitud de raciocinio, emociones, sentimientos, necesidades, anhelos  y derechos. Se puede limitar su libertad ambulatoria, pero no su dignidad humana, solía expresar en mi cátedra universitaria de Filosofía Jurídica.

En nuestro caso, con el desborde de la violencia terrorista después de  una “tregua”, que según el actual fiscal general tuvo apoyo de ciertos funcionarios y diputados del partido GANA, las cárceles del sistema sobrepasan su capacidad reclusoria  hasta más del 700 %,  incrementando el gasto presupuestario en varios millones de dólares para vigilancia, alimentación, labores de control, etc. Mantener este sistema anticuado en muchos aspectos, representa una enorme carga para el erario nacional, que pudiera destinar tales fondos a otros rubros sociales, como programas de prevención. ¿Tiene solución ese hacinamiento? Mi respuesta es afirmativa, y podría darse en gran medida, sin perderse el imperio de la justicia. Veamos, grosso modo, parte de esa solución: A nivel policial, el término para presentar un retenido al juez de paz es de 72 horas, pero eso no significa que la PNC debe hacer esa diligencia hasta concluir ese tiempo. Luego, el juez de paz cuenta con igual término (72 horas) para determinar si pasa a audiencia inicial. Pero igual, esa disposición generalmente se  pronuncia ya para concluir  tal plazo y cuando celebran dicha audiencia, es rarísimo que los fiscales opten por medidas alternas, como proceso abreviado, arresto domiciliar, medidas sustitutivas mediante caución, etc. Sino que encaminan sus esfuerzos a lograr orden de prisión provisional aunque sean “delitos de gabatela”,  o conciliables. Después, en la etapa de instrucción, resultan infaltables retrasos, suspensiones de audiencia, etc. Todo ese cúmulo de condiciones que retrasan la justicia, incrementa la estadía de las personas dentro de las cárceles y el problema del  hacinamiento  no disminuye.

Se han planteado medidas positivas que aliviarían esa carga, por ejemplo, liberar internos muy ancianos, enfermos terminales, discapacitados físicos y/o mentales, acelerar el proceso de libertad condicional, el uso de brazaletes electrónicos, beneficios de libertad asistida, etc. Incluso, construir más granjas penales, cuyos ingresos manejarían los internos, pues los productos que obtengan como cereales, hortalizas, lácteos y carnes, se venderían en los mismos penales a precios económicos, como observamos en Costa Rica hace unos años.

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