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Editorial & Opinion

¡Alarmantes cifras!

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

lunes 23, octubre 2017 - 12:00 am

El titular de portada de este medio, en su edición del pasado lunes 16 de los corrientes, fue suficiente para conmover las fibras más sensibles de la conciencia ciudadana: casi 40 mil homicidios en una década, donde se han alternado cuatro gobiernos de derecha y dos de izquierda quienes, según opinan los entendidos en estas duras cuestiones, “no han aplicado políticas de seguridad” y añaden “que sus fines en esta área fueron simplemente electorales”. Para confirmar esta aseveración, traen a cuentas las recientes declaraciones del actual titular de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, quien confirmó que “sobrepasan los tres mil homicidios durante el presente año”, un dato muy revelador de la gravedad sociopatológica de este problema que afecta a la población entera, a lo ancho y largo del territorio, aunque algunos departamentos y municipios aparecen con los mayores volúmenes en muertes violentas.

El comportamiento criminal ha sido poco fluctuante en estos diez años, ya que en todos se registran cifras superiores a los 3 mil asesinatos anuales, destacando únicamente el bienio 2012-2013 con un poco más de 2 mil homicidios, pero a partir de 2014 hasta el presente la cifra no ha disminuido, sino que en ciertos tramos de tiempo ha trepado hasta la cantidad alarmante de contabilizarse 6 mil 425 muertes en 2015 y 5 mil 278 el año pasado, períodos que coinciden, precisamente,  cuando el actual gobierno hizo propaganda, asaz abundante, que su plan “El Salvador seguro” reduciría 50% el índice delincuencial, sofisma que aún seguimos leyendo o escuchando casi a diario.

Durante este corto tiempo, los diversos gobernantes anunciaron, “con bombos y platillos”, planes a los que denominaron sugestivamente como “Mano Dura” y “Mano súper dura”, con una “tregua” muy cuestionada y que ahora se encuentra en el ámbito judicial. Incluso, uno de los presidentes llegó hasta exclamar eufórico “¡A los malacates se les acabó la fiesta!”, pero la danza macabra de los asesinatos ha seguido indetenible en el país, sin ningún respeto para niños y jóvenes de uno u otro género, hombres, mujeres, viejos y ancianos, de diversas categorías socioeconómicas o profesionales, incluyendo humildes vendedores ambulantes, o propietarios de pequeñas tiendas o negocios, simplemente por haberse negado o atrasado en pagarles a los pandilleros la mal llamada “renta”.

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A eso agreguemos, que las pandillas también “reclutan” jovencitos y jovencitas, que residen o estudian dentro de sus zonas de control, preparándolos para sus diversas funciones antisociales,  involucrarlos en asaltos y extorsiones, o llevándolos a lo más reprochable de una conducta humana como es el asesinar fríamente a cualquier persona, a sabiendas que la ley minoril (que criticamos duramente cuando se aprobó), contempla penas insignificantes cuando el homicida es menor a los dieciocho años, ya que la normativa aprobada considera que todavía  es “un niño”. ¡Vaya paradoja legal más cruel y desajustada para nuestra cruda realidad! A este propósito, me parece oportuno comentar brevemente la reciente resolución dada por la honorable Sala de lo Constitucional, consistente en facultar a la Fiscalía General de la República para ordenar la captura de menores que estén implicados en estos horrendos hechos, que viene a constituirse en una necesaria, valiosa y benéfica herramienta jurídica en esta cruzada antidelincuencial, misma que no debemos ni podemos descuidar ni un solo momento.

Además, según el análisis publicado, resalta otro hecho contundente y sobrecogedor: la ausencia total de auténticos y bien elaborados planes de prevención y reinserción, como si la tarea de combatir la delincuencia estuviere únicamente circunscrita a la represión, que puede ir desde   enfrentamientos (con saldos fatales),  hasta los “operativos sorpresa” que conllevan a capturas masivas de pandilleros quienes, a su vez, al ingresar a bartolinas policiales o remitirse judicialmente a centros penales, hacen números abultados para agravar otro problema como es el del hacinamiento carcelario que, desde hace ratos lo venimos advirtiendo, es “una bomba de tiempo”, de impredecibles consecuencias, si llegare a estar fuera de control. Estamos frente a un severo y gravísimo problema que frena el normal desarrollo de nuestras actividades educativas, profesionales, laborales y empresariales; que afecta la psiquis social, dando origen a diversas neurosis, obligando a migraciones forzosas, deserciones escolares, desempleo, etcétera. ¡Será la tarea máxima del futuro gobierno!





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