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De conformidad al artículo 131 numeral 19 de nuestra Constitución (Cn), es competencia de la Asamblea Legislativa (AL) la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por mandato constitucional, la AL es la única responsable para esa designación.

El 30 de junio del presente año concluyeron funciones cinco magistrados propietarios y cinco suplentes, y a la fecha no han elegido a las nuevas autoridades. La práctica constitucional obliga realizar en tiempo dicha selección, y la conducta morosa del Órgano Legislativo –más de dos meses-, no tiene justificación alguna. Ahora escuchamos de un retardo intencional con el fin de abrir otras ofertas de elección de funcionarios, y así las fracciones políticas definan mejor “sus cuotas partidarias”. De modo que estaríamos repitiendo las mismas irregularidades.

No es la primera vez que hemos observado esa demora institucional. Respecto al mismo tipo de elección, en los años 1994 y 2009, sucedió igual. De forma semejante ha ocurrido en años anteriores con la elección de los titulares de la FGR, PDDH, y PGR. En realidad es una conducta recurrente del Órgano Legislativo que nos debe preocupar, porque “los funcionarios de elección de segundo grado son también delegados del pueblo”, como lo ha señalado en diferentes sentencias la Sala de lo Constitucional. Por tal razón, la teoría constitucional manifiesta la existencia de una fractura en la legitimidad del poder.

Ante los casos de vencimientos de períodos, la Constitución no establece un plazo para el cumplimiento de elegir funcionarios, pero ello no significa que nos encontremos ante un plazo indefinido, ad calendas graecas (para nunca, para el día del Juicio Final), pues lo anterior violentaría el art. 131 Cn., y contemplaríamos posibles lesiones a la seguridad jurídica.

Por ahora la institución afectada es la Corte Suprema de Justicia, CSJ, máximo tribunal del Órgano Judicial, que por normativa constitucional es definido como un Órgano Fundamental de Gobierno. A la CSJ le corresponde entre otras competencias: “la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” en diferentes materias jurídicas; de “vigilar que se administre pronta y cumplida justica”; y “conocer de la responsabilidad de los funcionarios públicos en los casos señalados por las leyes”.

Supuestamente la lista de los 30 candidatos presentada por el Consejo Nacional de la Judicatura a la AL, estará estrictamente respaldada en cuanto a las acreditaciones exigidas por el art. 176 Cn. Especial verificación requiere de parte de la AL, la moralidad y competencia notoria de los candidatos, e investigar conductas que pugnan con la independencia judicial. En este sentido, y para concretar finalmente una evaluación objetiva, hay que examinar los parámetros fijados por la Sala de lo Constitucional, como por ejemplo la incompatibilidad de la afiliación partidaria, y un acuerdo de elección debidamente motivado.

En síntesis, si los diputados estuvieran conscientes del papel de la CSJ, y dieran preferencia a los méritos de los candidatos que a sus afinidades políticas, el proceso legislativo de elección de funcionarios demostraría su compromiso con el Estado de derecho, y con los ideales del constitucionalismo que fundamentan la legitimidad del poder. Dicho escenario contribuiría en parte a generar cauces de estabilidad, y a estimular con responsabilidad la aplicación oportuna de las normas jurídicas, aspectos que parecen no tener relevancia en la agenda legislativa.

Antes de asumir sus respectivos cargos, los diputados y diputadas juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Asimismo, es preciso apuntar que en las decisiones legislativas debe prevalecer el interés público sobre el individual, y el político partidario. No puede sorprender por ello, ante el incumplimiento del art. 131 numeral 19 Cn.,  la afirmación analíticamente verdadera de estar en presencia de un atentado en contra de nuestra Ley Fundamental, de la institucionalidad y la democracia, máxime donde la administración de justicia está comprometida.

Con todo, finalmente exhortamos a los partidos políticos para concentrar sus obligaciones legislativas, de manera especial, en la elección de los magistrados de la CSJ, garantizando el nombramiento con base a los méritos de los candidatos, es decir, a sus conocimientos y capacidades. No olvidemos que el Estado de derecho, es también, Estado del entendimiento y de la racionalidad política.

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