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Editorial & Opinion

Avances y retos en el acceso a la información

Jaime Mauricio Campos Pérez / Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública Twitter: @jaimecamppos

jueves 4, mayo 2017 - 12:00 am

El próximo 8 de mayo se cumplirán seis años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). La ocasión es propicia para reflexionar sobre los aspectos positivos y retos más importantes en la aplicación de esta normativa que sigue siendo considerada como una de las mejores del mundo.

La semana del aniversario de la Ley coincidirá con la realización de la asamblea general de elección de las ternas de candidatos para comisionado propietario y suplente, por el sector de las asociaciones empresariales, dentro del proceso de renovación de una parte de los titulares del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

A pocos días de finalizar mi gestión comparto que la experiencia de fundar la entidad encargada de garantizar el derecho de acceso a la información pública ha sido muy satisfactoria, pese a las limitaciones financieras que el IAIP fue superando para cumplir con las múltiples atribuciones que establece la Ley.

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A la primera generación de comisionados nos correspondió posicionar el tema de la transparencia en la agenda de los funcionarios y en la opinión pública, lo cual, aunque todavía no ha podido ser del todo homogéneo, en general, los avances que se han logrado en la materia son indiscutibles y el reconocimiento de los beneficios que el acceso a la información tiene para la población es cada vez mayor.

Uno de los aspectos positivos de la LAIP es el número de sujetos obligados al cumplimiento de la misma, que incluye –sin excepción- a todas las entidades del Estado y a los servidores públicos, dentro o fuera del territorio nacional; y, además, amplía su cobertura a las personas naturales o jurídicas que manejan recursos o información pública, o ejecutan actos de la función estatal, nacional o local, y a las personas que laboran en ellas.

Que el sector público debe estar sujeto a las obligaciones de transparencia es indudable, pero ello también es predicable para el sector privado. La transparencia, sin ser mágica, es un tónico vigoroso que ayuda a consolidar las democracias y al desarrollo económico y social de los países, pues inhibe las prácticas corruptas.

La fuerza expansiva del acceso a la información pública y el carácter progresivo e irreversible de este derecho humano obliga al Estado salvadoreño y a sus autoridades a no retroceder en lo que se ha avanzado. Los frenos no solo pueden imponerse mediante reformas a la ley, sino también por algunas líneas jurisprudenciales de entes obligados.

De ahí que uno de los retos más importantes de los nuevos comisionados del IAIP será la consolidación de este derecho, el cual difícilmente puede garantizarse sin la adecuada gestión documental y organización de los archivos.

El IAIP debe iniciar el debate sobre la importancia de la archivística y crear los puentes entre la comunidad de expertos del derecho a saber y los archivistas, luego de reconocer que la gestión de la información es un paso previo a su acceso; pues, así como ocurre con cualquier persona que “no sabe lo que tiene, hasta que organiza sus archivos”, igualmente sucede con el Estado cuando se le pide alguna información.

En ese sentido, la aprobación de una Ley General de Archivos que conjugue la tecnología para la gestión de la información y responda a los desafíos de la revolución de los “datos abiertos”, debe ser considerada como uno de los próximos pasos en la ruta de crear una política integral de información pública en El Salvador.



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