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Ahí están entrampadas las discusiones en la Asamblea Legislativa en lo relativo a un empréstito de $152 millones que estarían destinados para financiar la seguridad pública y específicamente las medidas extraordinarias que el gobierno ha comenzado a implementar. Un tema que sinceramente tiene la capacidad de soslayar incluso la discusión de temas trascendentales para el país, un claro ejemplo de que lo “urgente” opaca lo “importante”.

El principal partido de oposición, ARENA, se ha negado hasta este día a dar los votos para tal aprobación –que requiere mayoría calificada–, bajo argumentaciones de falta de credibilidad en el gobierno con relación al verdadero destino que a dichos fondos se les vaya a dar –si ingresan al fondo común-, así como de la transparencia y eficiencia con que los mismos sean manejados. Sin entrar a valorar si a mi criterio tales argumentos tienen algún peso justificativo –que puede que en alguna medida lo tengan–, me parece que tales “justificativos” para no dar los votos, no están del todo apegados a consideraciones defendibles, pues el mecanismo “operativo” que mencionan para tales propósitos, es el de la creación de “institucionalidad” ad hoc para administrar y supervisar el desembolso y utilización de los recursos provenientes del empréstito, para “asegurarse” que se utilizarán única y exclusivamente para la finalidad de seguridad pública para la que se han otorgado. Esta propuesta –que ya por el solo hecho de crear más burocracia la vuelve inaceptable de inicio– raya en lo absurdo, pues por constitución le corresponde únicamente al gobierno de la República administrar los fondos públicos, y las facultades constitucionales son indelegables.

Lo anterior es absurdo también, porque buscan incidir de forma directa como agentes tomadores de decisiones en materia de políticas públicas –en este caso en materia de seguridad–, careciendo no sólo de las facultades constitucionales para ello, sino de la legitimación electoral subjetiva que la posesión y el ejercicio de tales facultades demanda. Dicho en corto, es buscar co-gobernar en materia de seguridad pública.

Pero aún en el supuesto que todo lo anterior estuviese fincado en “intenciones sinceras”, me parece que como trasfondo de ellas se encuentra una intencionalidad perversa de querer afectar la imagen del gobierno, por parte de aquellos estamentos de ARENA que han comenzado a considerar –en sus grandes y profundas cabezas políticas–, que los endosos al gobierno en materia de seguridad, y que los resultados primeros positivos que las medidas extraordinarias comienzan a dar, pueden serles contraproducentes a sus “intereses electorales”, pues en sus cálculos trasnochados, podría ser la “tabla de salvación” de este gobierno –y su partido asociado– para buscar un continuismo en la próxima elección presidencial.

Muy probablemente se han imaginado un escenario adonde si no se le otorgan al gobierno los fondos suficientes para el combate a la criminalidad a través de las medidas extraordinarias, éstas fracasarán y en el imaginario colectivo la culpa y responsabilidad absoluta será del gobierno, y el común de gentes no asociarán tal “fracaso” con el hecho que se debió a la falta de financiamiento suficiente de las mismas, con la consiguiente “pérdida de apoyos políticos” que, de ser ciertos los posibles cálculos perversos de ARENA que planteo, les darían réditos electorales de cara a las próximas elecciones. Dicho en corto, les importaría un comino el pueblo y su suerte –pues sería éste quien pagaría las consecuencias de un fracaso de la lucha contra la criminalidad–, y se volvería más importante y prioritario para ellos sus intereses partidarios frente a las próximas elecciones. O sea, perverso.

Lo anterior es tan difícil de digerir, que hasta parece haber hecho “mella” en los espíritus de algunos diputados de la fracción parlamentaria de ARENA, quienes no estarían compartiendo esta posición de su partido –o más bien de los círculos de poder que mandan en él–, y ello ha hecho que dirigentes del Frente hayan llegado a plantear hasta la posibilidad que la cúpula de ARENA “deje en libertad” a sus diputados –como si tal cosa fuera constitucionalmente posible– para que voten según su “conciencia”. Yo espero que si este escenario llegara a configurarse, esta “conciencia” no estuviese marcada con ningún signo de dólar o de deshonesto transfuguismo.

Finalmente he de aclarar que lo antes dicho no representa ningún endoso gratuito a las políticas públicas de este gobierno en materia de seguridad, sino más bien, una honesta y sincera preocupación por el destino que tenga un problema que, hoy por hoy, es el principal problema de este país. Y eso ya es decir bastante.

 

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