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Editorial & Opinion

Carecemos de política criminal

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

sábado 28, octubre 2017 - 12:00 am

Las recientes y eufóricas declaraciones del vicepresidente Óscar Ortiz (en contraposición al angustiado sentir y pensar de la sociedad y el Arzobispado), prometían, por enésima vez, incrementar el uso policial y militar para reducir homicidios antes de concluir este año. Eso vino a confirmar lo que por meses hemos señalado: el enfoque y tratamiento que el gobierno le ha dado a la problemática delincuencial, además de ser excesivamente represiva, ha carecido de un enfoque multidisciplinario y sin el soporte de una política criminal que contemple la prevención y la readaptación.

Al señalar que lograrán una “pronta” reducción del actual repunte homicida, es enfocar el problema con una visión unilateral, estrecha y motivada únicamente por recibir una suma adicional de cien millones de dólares que dijo “se utilizarán en tecnificar más a la Policía Nacional Civil”, otro argumento ya esgrimido en ocasiones anteriores y, por ende, poco creíble, a estas alturas finales de la actual gestión administrativa. Esta visión, asaz represiva del delito, incluso toca las puertas del Órgano Judicial y de la Fiscalía General de la República, como pude comprobarlo recientemente en uno de los Tribunales de Sentencia capitalinos, donde dos jovencitos fueron llevados a vista pública por “robo agravado” de un teléfono celular… ¡valorado en ciento ochenta dólares! Previo a los debates, los defensores nos abocamos a los fiscales para pedirles un procedimiento abreviado, pero escuchamos cómo el fiscal superior se negó a conceder esa alternativa legal.

Luego, hicimos ver varios errores procesales ante el juez que presidía, quien finalmente leyó la sentencia, condenándolos a muchos años de prisión y remitiendo a los jóvenes para uno de los penales congestionados de reclusos, mismos que, hablemos claro, se han convertido en indeseables “escuelas delincuenciales” o centros apropiados para planear crímenes. Decidimos no apelar de la sentencia, pues en lo que resuelve la Cámara o la Sala indicadas, pasarían más años de espera. O sea, que tampoco existe en el país una “pronta y cumplida justicia”, tarea primordial que deben enfocar los magistrados que conformarán la Corte Suprema de Justicia el próximo año.

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Se considera delito toda infracción a normas establecidas previamente y que tutelan bienes jurídicos como la vida, la propiedad, el honor, etcétera. El conjunto de leyes que rigen la conducta humana en un Estado, tiene como finalidad establecer la armonía social y la convivencia pacífica, con respeto a todos los individuos, sin ninguna distinción de rango, condición económica o educativa. Desde el primer criminal llamado Caín, la sociedad ha tratado de controlar el delito por medio de policías, jueces, cárceles, trabajos forzados, etcétera.

Cuando estudiamos Criminología o la historia penitenciaria, con bases religiosas, sus primeras etapas nos hacen pensar en motivaciones sensibles a la venganza, como las penas horrorosas de la Inquisición, o las crueles flagelaciones que aplicaban los antiguos romanos a reos de los pueblos sometidos. De allí, surgió la necesidad de que en los Estados se establecieran políticas criminales, otra carencia evidente en nuestro país desde hace muchos años. Según concepto de la VIII Conferencia Iberoamericana del Sector Justicia, “la política criminal es el conjunto de decisiones sobre cómo las instituciones del Estado responden al problema denominado criminalidad (que comprende delincuente, víctima y delito) y a la estructuración y funcionamiento del sistema penal (agentes de policía, derecho penal, sistema de justicia penal e instituciones de castigo)”.


En este concepto se advierte un enfoque multidisciplinario, pero no lo es todo. La política criminal, aunque pertenece al Estado, necesariamente debe estructurarse sobre la base de que relacione los fines y administración de la gestión estatal, con los principios de orden y justicia para la sociedad, que comprenda aspectos como la atención educativa, la asistencia en salud, viviendas dignas, servicios básicos humanizados y oportunidades de trabajo permanente en aquellas áreas generalmente desatendidas, como las zonas marginales o comunidades suburbanas.

Es necesario alcanzar la convivencia social, donde todos los habitantes seamos partícipes de la actividad preventiva del problema delincuencial, el cual, al dejárselo exclusivamente al gobierno de turno, le favorece como apoyo para solicitar ingentes cantidades de dinero, o alentar campañas electorales, por medio de elaborar planes momentáneos de elevada represión, con resultados efímeros, pero con mucha publicidad engañosa.




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