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Editorial & Opinion

Carecemos de una política de seguridad

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

viernes 8, septiembre 2017 - 12:00 am

La ley orgánica de la Policía Nacional Civil (PNC), en su artículo nueve le concede al director general de dicha institución varias funciones, entre ellas, la contenida en el literal a) que textualmente dice: ”Dirigir y controlar la ejecución de la política de seguridad pública elaborada por el gobierno”, un aspecto que desde hace 25 años, se ha constituido en una grave omisión, a pesar que en el Art. 34 se expresa en forma clara que las disposiciones de la mencionada normativa “por su carácter especial, prevalecerán sobre cualesquiera otras que la contraríen”.

He traído a consideración esta ley porque, hasta donde tengo conocimiento, en ningún momento, y en ninguno de los gobiernos que hemos tenido, se haya siquiera mencionado que se hubiera aprobado esa política de seguridad pública, que, en estos momentos de aflicción social, serviría como una hoja de ruta segura para las actividades propias de la corporación en su actividad antidelincuencial.

En síntesis, se ha venido laborando por un cuarto de siglo sin dos elementos esenciales para mejor prevenir y combatir la delincuencia común y organizada, como serían una política criminal del Estado y una política de seguridad pública, debidamente elaboradas por técnicos en ambas ramas, discutidas en el seno del gobierno a través del llamado “gabinete de seguridad” y presentadas, posteriormente, a consideración de la Presidencia de la República para su publicación en el Diario Oficial y darle fuerza legal.

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De nada sirven homenajes, festejos, condecoraciones o emocionados discursos, si la única institución encargada constitucionalmente de la seguridad pública salvadoreña, carece de una guía, de un camino incuestionable por seguir, en base a los preceptos fundamentales de proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, de prevenir y combatir toda clase de delitos, así como la colaboración en el procedimiento para la investigación de delitos; de mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad tanto en el ámbito urbano como rural, con estricto apego a los derechos humanos que, en conjunto, son el marco conceptual para realizar las funciones asignadas a la PNC y que se encuentran consignadas ordenadamente en el Art.4 de la referida ley en comento.

Tal pareciera que esas omisiones que menciono hace, que por momentos, la PNC actúe con planes contingenciales y aparezca como autora de graves violaciones a los derechos humanos, según denuncias publicadas y, por otro, que sea considerada un cuerpo represivo como fue la extinta Policía Nacional del pasado, a pesar de que aporta, año con año, elevadas cuotas de familiares, agentes y oficiales asesinados, ya sea  a mansalva por sujetos antisociales, o en el cumplimiento del deber, que son dolorosos actos heroicos, mismos que pocas veces se mencionan o realzan en los informes de cierta Procuraduría.


Formulo un llamado al actual gobierno, en el supuesto que aún puede disponer de un tiempo suficiente no pre-electoral, para convocar a criminólogos, abogados penalistas, especialistas inmersos en aspectos de seguridad pública, politólogos, sociólogos, etcétera, para que sentados alrededor de una mesa de discusión no partidaria, auxiliándose de estadísticas claras y sin contaminaciones, con informes provenientes de las diversas Subdirecciones y delegaciones policiales del país, con apoyo amplio de la Dirección General de la PNC, Fiscalía General de la República, universidades nacionales, jueces de instrucción y sentencia, asesores ad hoc, etc. formulen tanto una política criminal del Estado, como una política de seguridad pública, que tanto urgimos en el país.

Es imposible augurar un mejor porvenir patrio, o buscar un crecimiento sostenible de la economía, mientras reine el caos y la inseguridad por los cuatro rumbos de la nación. Lo escribí hace unas semanas por este respetable medio: es hora de volver a hacer bien las cosas.

En suma, somos seis millones de salvadoreños, cobijados por un mismo cielo y sustentándonos de un mismo suelo. Por ahora, dejemos momentáneamente las cuestiones electorales a los institutos correspondientes y concentrémonos en realizar esta labor urgente. No solo por el mejor desempeño policial, sino también por el bienestar de la sociedad salvadoreña. Entonces, y solo entonces, la sangre policial derramada tendrá erigida su mejor estatua de honra por el heroísmo demostrado.




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