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Editorial & Opinion

Cartas a la juventud: la balanza y la espada

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: René Fortín Magaña

viernes 16, marzo 2018 - 12:00 am

La administración de justicia, que corresponde exclusivamente al Estado, es sin duda su más alta atribución, y su historial se pierde en la noche de los tiempos. La vindicta privada es contraria a la administración oficial, la cual responde a los valores de justicia, libertad y seguridad.

Según la tradición bíblica, un ángel detuvo el brazo de Abraham en el momento en que iba a sacrificar a su hijo Isaac por órdenes de Jehová para probar su lealtad. La orden estaba por cumplirse, la lealtad comprobada, y no era justo que la mano del patriarca cumpliera un sacrificio cruento que culminó finalmente con la inmolación de un cordero. En términos profanos, Eduardo Couture nos ofrece una bella alegoría en su libro “La comarca y el mundo”: “Un día cualquiera, en el instante en que el hombre primitivo ha alzado su brazo para tomar venganza, en el preciso momento en que lo desciende para hacerse justicia por sí mismo, una mano del padre, del jefe, del rey, le detiene en su trayectoria. Ese día nace la justicia de la autoridad.”.

Los tiempos pasan, y los símbolos cambian. Muda la autoridad en un proceso histórico tan largo como fascinante. En la actualidad el soberano es el pueblo, y son los tribunales de justicia los encargados de esta suprema misión, intangible y poderosa, luminosa y sagrada, depositada en las manos de magistrados y jueces, independientes, valientes, probos y capacitados.

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De esta forma, y en esas condiciones, surge la confianza, el respeto y el cumplimiento indiscutible de las sentencias de los tribunales; se sustenta la gobernabilidad; se amortiguan los impulsos individuales para la venganza privada; se desmotiva el desacato; se impulsa el desarrollo nacional mediante la confianza en la seguridad jurídica que ampara las transacciones nacionales e internacionales, y se atraen las inversiones que impulsan el progreso nacional.

De todos los funcionarios públicos son los titulares de la jurisdicción los que más obligados están a comportarse conforme a los principios de la Constitución y de la ética.


Por ello, para impulsar el desarrollo y elevar los niveles culturales y morales de nuestro pueblo, necesitamos que lleguen a los tribunales nuestros mejores togados, que sepan cumplir a cabalidad los mandamientos de Eduardo Couture, de Ángel Osorio y Gallardo, de Rodolfo Stammler y de Piero Calamandrei, entre otros.

Por ello, también, resulta tan repugnante el espectáculo de los magistrados de otros países que traicionan los supremos valores del Derecho y se inclinan ante las ambiciones de los déspotas en una servil actitud que les dicta su menguada conciencia.

En los tribunales de justicia necesitamos, repito, a los mejores abogados por la salud pública del país, que en los actuales momentos se encuentra tan enfermo.

Gráficamente, no pierde actualidad la diosa Temis, proveniente de la mitología griega, como una mujer fuerte y dominante que sostiene en un brazo la balanza que simboliza la justicia, y en el otro la espada que simboliza la fuerza de sus decisiones.

Inspirados en ella, pedimos a los diputados recién electos que atiendan el clamor popular que exige a los titulares de las instituciones un comportamiento que en verdad nos haga libres, soberanos, prósperos e independientes.

Grave responsabilidad cabe en este proceso de selección al Consejo Nacional de la Judicatura y a la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, al proponer a la Asamblea Legislativa los mejores prospectos para el delicado ejercicio de su función. Dejemos atrás para siempre las colusiones, los combos y los convenios bajo la mesa que sólo buscan el interés personal, de partido o sectorial, y unámonos todos con determinación y fuerza para hacer cada día una patria mejor. Demostremos -¡con patriotismo y dos gotas de orgullo!- que no merecemos los insultos que nos llegan del exterior aun cuando procedan de personas que no tienen autoridad moral para repartir epítetos injuriosos que mancillan las normativas de la diplomacia y el Derecho Internacional. ¡Que las actuaciones de la Asamblea constituyan un paso más en el progreso de la institucionalidad de nuestro país!




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