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OPINION

De todos es conocido el llamado caso Jesuitas, referido al triste evento en que sacerdotes de la Compañía de Jesús, más su empleada doméstica y su hija, perdieron la vida durante la ofensiva final, realizada por las fuerzas insurreccionales en noviembre de 1989, es decir, hace más de 25 años. El caso recobra actualidad debido a la insistencia de algunos sectores empecinados en mantener vivo el espíritu vengativo de la naturaleza humana, pese a que en la práctica las mayorías de Iglesias –incluyendo la católica a la que pertenece la orden jesuita– predican el perdón de las ofensas para obtener la redención y la paz interna de la humanidad.

Observadores y analistas del caso se encuentran divididos en relación  a este caso, al igual de lo ocurrido con el Arzobispo de San Salvador, hoy Beato Oscar Arnulfo Romero, a quien unos consideran un Santo, y otros lo consideraban un  agitador social, que al intervenir en política se expuso y se sometió a los riesgos naturales de la política.

Pues bien, en el caso “jesuitas”, la situación ha desbordado el derecho penal ordinario debido a la insistencia de intereses varios, incluso económicos (condenas al Estado a pagar cuantiosas indemnizaciones) y se han violentado varios principios generales del derecho penal, tales como de que los casos se juzgan en el lugar y por las autoridades del lugar en donde ocurren los delitos ( y no en España como pretenden los detractores de nuestra nación, donde nadie garantiza un juicio justo).

También se han salido del curso regular del derecho, argumentando que el delito es de “lesa humanidad”, sin que ninguna autoridad legítima e imparcial que sepamos lo haya calificado como tal. También, es de señalar que, en  este caso, se encuentra en juego de alguna manera la paz social que en su momento se logró por medio de una amplia amnistía que logró iniciar un camino de reconciliación de las partes beligerantes, la cual logró detener la vorágine de sangre que devoraba a El Salvador, amnistía que logró avanzar en el camino democrático de nuestra nación, como en cualquier sociedad moderna, al grado de permitir que los grupos enfrentados en aquel momento, ejerzan o el poder político en clara alternancia.

A este punto consideramos pertinente enfatizar que en nuestro sistema democrático existen regulaciones constitucionales que deben respetarse y protegerse, porque el caso comentado ha traído críticas y serias dudas sobre la legalidad de las detenciones de algunos militares requeridos por la justicia española, que inciden en nuestra soberanía. Transcribimos algunos artículos que nos parece deberían tomar vigencia inmediata.

“Art 12. Toda persona a quien se le impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Art 13. La detención administrativa no excederá de setenta y dos horas dentro de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente.

La detención para inquirir no pasará de setenta y dos horas… y el tribunal correspondiente estará obligado a recibir su indagatoria y decretar su libertad o detención provisional, dentro de dicho término.”

En nuestro criterio, la Corte Suprema de Justicia, por ser el tribunal de más alto grado en la República, debería ser ejemplo de todos en el cumplimiento de la ley. En  casos como el presente, debería de liberar a los detenidos mientras resuelve el fondo del caso planteado y, si resulta que son culpables, mandarlos a detener nuevamente. Parecerá extraño, pero no es posible mantenerlos detenidos esperando que tengan razón o no.

Esto es similar a un reconocido dictador que afirmaba “fusílenlos, y después averiguen”. Aparte de los análisis específicos en el caso, en el cual ya se ha demostrado jurídicamente que la extradición no procede y solamente queda una resolución política, es decir basada en criterios políticos, no debe perderse de vista que nuestra ley fundamental, la Constitución, en su artículo 2, hace gala del respeto a la libertad individual, al declarar “Toda persona tiene derecho a la vida  a la integridad física, la libertad…”.  Démosle vigencia real.

 

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