Las autoridades de El Salvador y Honduras se mantienen en alerta ante la posible deportación de centroamericanos desde Estados Unidos, si no se aprueba la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés)

Si se rechaza la solicitud presentada por los países centroamericanos, al menos 252 mil migrantes hondureños, salvadoreños y nicaragüenses se verían afectados, lo que causaría un fuerte impacto en la región.

El comisionado nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, advirtió que la expulsión masiva ¨no es admitida¨ en el sistema interamericano de derechos humanos. Mientras que la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero de Guevara, señaló que está demostrado que la inmigración no es una carga económica o social para Estados Unidos, al contrario, es una ¨importante contribución¨ para el país norteamericano.

Estados Unidos concedió este beneficio migratorio a El Salvador, por primera vez, en 2001, luego del terremoto de ese año que afectó al país. Honduras y Nicaragua son beneficiados desde 1,999, tras ser azotados por el huracán Mitch.

La alerta e incertidumbre de la ampliación del TPS surge luego que el gobierno de Donald Trump anunciara a mediados de este año que los migrantes que residen en Estados Unidos, amparados a ese programa, deberían pensar volver a sus países de origen, ya que sus beneficios no son indefinidos.

Debido a esta situación, las autoridades de El Salvador y Honduras desarrollan diversas gestiones en Washington, con el propósito de incidir en figuras influyentes para que puedan abogar por la prórroga del TPS.