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Editorial & Opinion

Complicado panorama institucional

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

miércoles 15, agosto 2018 - 12:00 am

Las confesiones expresadas, de viva voz, por el expresidente Elías Antonio Saca ante un juez de Sentencia capitalino, cuyo contenido íntegro ha sido difundido ampliamente por los distintos medios informativos, ha causado, según nuestro análisis, un “efecto dominó” cuyo final no es previsible a estas alturas del juicio penal que ha incoado la Fiscalía General de la República, tanto a dicho político, como a un grupo de cercanos colaboradores.

Y afirmo lo anterior, porque con esas confesiones, el señor Saca ha dejado al descubierto, y puesto en evidencia ante la opinión pública, muchas acciones y artificios que efectuó “desde su primer día de gestión en la Presidencia de la República” para llevar a cabo durante los cinco años de su mandato, una escandalosa y voraz actividad de corruptela, que le significó sustraer fácilmente de las arcas nacionales una cantidad en efectivo que ronda, preliminarmente, en $300 millones. No voy a detenerme en hacer un glosario de esas actividades fraudulentas, sino más bien a tratar tres aspectos importantes y cruciales que afectaron la institucionalidad de la República y que, de no corregirse ejemplarmente, podrían repetirse en subsiguientes administraciones. El orden con que enumero esos tres aspectos detectados no significa que uno tenga mayor impacto que otro. Todos son interesantes y dignos de ser considerados como prioritarios. Veamos.

El primero de mis hallazgos, es que este delito de modalidad continuada refleja una de dos situaciones, o ambas a la vez: o que contamos con instituciones sin poder fáctico suficiente para llevar a cabo el control financiero estricto y exhaustivo en la erogación y gastos de los fondos propios del Estado, o estamos ante entidades de control fiscal en manos de funcionarios corruptos y cómplices. Específicamente me refiero a tres entidades: la Corte de Cuentas de la República(CCR), el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de las Instituciones Financieras, que en el caso que ocupa esta columna, poco o nada realizaron dentro de sus funciones legales y sus respectivos reglamentos para haber advertido o detectado la red tenebrosa de la corrupción que había planeado y realizaba el entonces presidente Saca, apoyado por colaboradores muy cercanos y testaferros de confianza, sin omitir a los notarios que legalizaron los instrumentos de las compraventas de inmuebles y cosas diversas que adquiría la organización delictiva ya formada al interior de Casa Presidencial.

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El segundo aspecto es la probable complicidad y participación de algunos institutos políticos, aún vigentes, mismos que se aprestan a participar en los cercanos comicios presidenciales señalados para mediados de febrero del año entrante, que según el testimonio aludido al comienzo, también resultaron “beneficiados” con cheques de alta denominación monetaria. Esta segunda apreciación, confío en que no vaya a complicar el panorama electoral de nuestro país, siempre que de parte de esos partidos tengamos los ciudadanos, dentro de poco tiempo, explicaciones amplias y sinceras sobre lo confesado por el señor Saca y hasta dónde les incumben o atañen las afirmaciones expresadas. Dentro de este mismo contexto, habría que esperar también las aclaraciones honestas de otras entidades como ciertas asociaciones empresariales, personalidades diversas ligadas a las actividades en el campo comercial, publicitario, etcétera. Lo dicho por el imputado, se trata de aspectos muy serios, donde está en juego la honorabilidad de aquellos que el señor Saca ha mencionado y que, en un determinado momento procesal, podrían derivar en acciones incriminatorias por parte del Ministerio Público, ante los tribunales de justicia correspondientes.

El tercer aspecto que resalta es que los ciudadanos, partidos, asociaciones de abogados, universidades y otras instituciones, por temor, por pertenecer a determinada línea ideológica, o simplemente por comodidad e inercia, hemos permitido el “omnímodo poder presidencialista” en el abusivo manejo discrecional de fondos del erario público, con bajo o nulo control de la CCR y ramo de Hacienda. Principalmente, achaco esta irresponsabilidad a la Corte de Cuentas que es una entidad estatal, que por sus funciones constitucionales de contraloría del erario es independiente de la Presidencia de la República. Y siendo una corte, integrada por magistrados de cuentas, que incluso pueden ordenar la revisión en gastos del mandatario. Hago hincapié que esta entidad debe ser objeto de reformas sustanciales a corto plazo.





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