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Nos acercamos a la celebración del tercer año de gobierno y ya somos testigos del proceso de rendición de cuentas de las autoridades de cada ramo. El jueves anterior el Gabinete de Seguridad Pública brindó los detalles de los progresos y retos del Plan El Salvador Seguro, abonando el proceso para una nueva cultura ciudadana que arraigue el interés común en los asuntos públicos y que de ninguna manera vuelvan a ser del interés solo de cúpulas o elites económicas o partidarias.

La ciudadanía debe informarse, conocer, indagar, exigir y aportar en todos los temas relacionados al desarrollo y retos de nuestro Estado pues el soberano, la población, recibe cuentas de la delegación encomendada a los servidores públicos que cumplimos su mandato.

Así, la rendición de cuentas no debe ser la formalidad de un acto protocolar superficial, orientado a un ritual tradicional de publicidad gubernamental, sino un proceso, en el que además de los gabinetes, las titularidades a todo nivel, desde el ministro hasta el director de una escuela, de una unidad de salud, puesto de PNC, deben sentir y obligarse a rendir cuentas de su trabajo institucional a los grupos poblacionales vinculados directamente a ellos.

De esta forma las autoridades deben asumir la responsabilidad de acercarse a su soberano, en este caso a las comunidades del entorno de sus competencias, a proveer información de su gestión respecto del Plan Quinquenal de Desarrollo ofertado y que se expresa en sus programas, planes, proyectos, logros, limitaciones y retos por asumir.

Asimismo, es parte de su responsabilidad atender la invitación de todo espacio, para también desde ahí rendir cuentas y esclarecer las acciones de gobierno de acuerdo a sus competencias; solo así podremos empoderar a la ciudadanía con suficiente información de calidad en el ejercicio de sus derechos y deberes, para que bajo sus propios juicios de valor participen activamente en sus espacios.

En el reciente informe de las autoridades de seguridad pública supimos de la consolidación de la tendencia a la baja de los homicidios y reducción significativa de otros delitos como el robo y hurto de vehículos y la extorsión misma. El exalcalde de New York, el señor Giuliani, se hizo famoso por reducir hasta en un 20 % los crímenes en esa gran ciudad; en El Salvador los homicidios han disminuido en un 53 % a nivel nacional, y en la misma medida el robo de vehículos.

También es relevante saber que la PNC finalizó 33,713 casos de investigación, incautó más de 9 toneladas de droga, 4210 armas de fuego a grupos criminales y que de los 100 más buscados, 58 fueron detenidos y 13 fallecieron; además, con la operación “Jaque” también fueron incautados millones de dólares en bienes, vehículos y propiedades a los cabecillas de las pandillas.

La tendencia a la consolidación de estos logros y la disminución de la criminalidad, no es un hecho casual, es el éxito de importantes programas como la formación y capacitación de la policía. En este proceso participaron 5322 miembros de la corporación en 221 cursos de actualización y especialidad; 701 agentes ascendieron a cabos y 117 son ahora técnicos graduados en ciencias policiales, a esto se suman 553 nuevos agentes de policía de dos promociones.

Otro elemento importante que permite exhibir logros es un mayor y estricto control y seguridad de los centros penitenciarios, que nos pone a la vanguardia en la región en cuanto a modernidad. En las penitenciarías el Estado ha hecho una importante ampliación, con una inversión de aproximadamente 28 millones de dólares para más espacios de reclusión, con las correspondientes medidas de seguridad; permitiendo incorporar a 12 centros penitenciarios al programa “Yo Cambio”, en el que participan más de 13 mil privados de libertad, convirtiéndoles en centros en los que se reeduca a los privados de libertad, produciendo para sostener desde el presidio a sus familias y preparándolos para la reinserción futura.

En prevención también es loable el mejoramiento del entorno comunitario con el borrado de 119,500 m2 de grafitis de pandillas en 676 comunidades; la intervención para la recuperación y mejoramiento de 53 espacios públicos de convivencia, las 80 escuelas de iniciación deportiva o las 1110 acciones de prevención desde INJUVE.

Aunque hemos avanzado en materia de prevención, ésta requiere mayores recursos y participación de toda la ciudadanía. Está pendiente aún cómo afinar una estrategia para un mayor control territorial, en el entendido de que este control no es un asunto policial ni militar, sino el empoderamiento de la comunidad misma en la administración de su convivencia, debiéndose ante todo evaluar y mejorar las relaciones de las principales corporaciones de seguridad con la comunidad, especialmente en el trato respetuoso con los jóvenes.

Sin la unión de esfuerzos instituciones-comunidad, el empoderamiento social y la rectificación de conductas –que aunque aisladas son negativas y minan la confianza de la población en los entes gubernamentales a cargo de la seguridad–; probablemente la estrategia no será lo suficientemente efectiva para obtener todo el respaldo que se requiere de la comunidad en este nuevo punto en el que nos encontramos.



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