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Política

Consorcio propone reformas de ley para combatir corrupción

Gerson Chávez

sábado 16, diciembre 2017 - 12:00 am

El Consorcio propone reformas en varias instituciones para combatir la corrupción. / DEM

El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción sostiene que hay legislación pendiente de discutirse y modificarse para mejorar en el combate contra la corrupción en El Salvador.

El Consorcio es conformado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) y la organización Techo.

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Según el Consorcio, falta reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para darle más independencia y estabilidad laboral a los oficiales o encargados de las unidades de acceso a la información pública.

El Consorcio y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) han detectado que los oficiales de información, principalmente en las alcaldías, son despedidos o trasladados de sus cargos cuando el gobierno municipal es asumido por nuevo partido político. El IAIP ha coincidido anteriormente en que debe legislarse para darle estabilidad laboral a los oficiales de información y aclarar en la legislación que sus cargos no son políticos, sino técnicos. La propuesta de darle estabilidad es reiterada previo a las elecciones del 4 de marzo próximo para elegir a los alcaldes y diputados.


El Consorcio también ve la necesidad de reformar la Ley de Ética Gubernamental para establecer los criterios y requisitos para la elección de los cinco magistrados que integran el Tribunal de Ética Gubernamental para garantizar la independencia partidaria en sus resoluciones. Esta institución es la encargada de  sancionar administrativamente a los funcionarios que incurren en prácticas corruptas.

“No se está tocando la independencia del Tribunal de Ética Gubernamental porque es donde ha radicado la falta de efectividad del Tribunal, en su falta de independencia. Tiene que revisarse el mecanismo de elección y que sean independientes de los partidos y de los entes que controlan”, consideró el director de Estudios Legales de Fusades, Javier Castro.

El Consorcio también considera necesario reformar la Ley de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para “separar las funciones de fiscalización de las jurisdiccionales”, para evitar que los magistrados sean juez y parte en los procesos de investigación que se abren contra los funcionarios.

 

Ley de probidad

La presidenta de la Fundación DTJ, Claudia Umaña, dijo que esperan que la Sala de lo Constitucional resuelva la demanda de inconsticionalidad contra la nueva Ley de Probidad que fue avalada por los diputados en diciembre de 2015 y que trasladaba la potestad de iniciar juicio civil a la Sala de lo Civil de la Corte.

“La Sala no ha resuelto el recurso y, antes que finalice la gestión de los cuatro magistrados,  el 15 de julio (de 2018), en todo este primer semestre, esperamos un fallo”, acotó.




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