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Editorial & Opinion

Constitución y justicia contencioso administrativa

Fernando Marroquín Galo/Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, El Salvador

viernes 14, octubre 2016 - 12:00 am

OPINION

“No, no basta para que el derecho y la justicia florezcan en un país, que el juez esté dispuesto siempre a ceñir la toga, y que la policía esté dispuesta a desplegar sus agentes; es preciso aun que cada uno contribuya por su parte a esta grande obra, porque todo hombre tiene el deber de pisotear, cuando llega la ocasión, la cabeza de esa víbora que se llama la arbitrariedad y la ilegalidad”.

Estas son palabras del jurista alemán Rudolf von Ihering (1818-1892) en su libro “La lucha por el Derecho” (Madrid, 1881, pág. 70), recordado en el III Congreso de Derecho Administrativo, que realizó la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, el 28 y 29 de septiembre de este año. Quien mencionó a Ihering fue el profesor español José María Ayala, uno de los ilustres ponentes del congreso y “luchador” solidario por la evolución del Derecho Administrativo en El Salvador.

Una importante “lucha por el Derecho” logró que luego de más de dos décadas de esfuerzos, el pasado 22 de septiembre se aprobó en forma unánime por la Corte Suprema de Justicia y el 27 del mismo mes se presentó a la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que se convirtió de inmediato en proyecto de ley.

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Dicha propuesta fue elaborada por los expertos salvadoreños José Marinero Cortez, Miguel Cedillos Arévalo y Dafne Yanira Sánchez; la última, insigne Presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y todos miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, para orgullo de nuestra asociación.

“La lucha por el Derecho” es también una tarea pendiente de la comunidad jurídica, la sociedad civil y todos los ciudadanos, para lograr, primero, en el corto plazo, la aprobación y sanción de la nueva ley; y luego, en el ancho horizonte del mañana, su implementación y aplicación efectiva, así como la emisión de la legislación complementaria, que incluya una ley general o uniforme de procedimientos administrativos.


Desde la Constitución de 1939, que previó la creación de “jurisdicciones […] para que conozcan, juzguen y sentencien en toda clase de asuntos administrativos” (art. 77 ord. 17°), han pasado más de 70 años sin que tengamos jueces contencioso administrativos al menos en cada región del país, deuda que ha cobrado la sobrecarga y demora de los procesos judiciales en esta materia.

La importante, pero solitaria labor especializada de la Sala de lo Contencioso Administrativo en el control jurisdiccional de legalidad de la Administración Pública, según la ley vigente desde 1979, necesita adaptarse con urgencia a las necesidades actuales de la realidad salvadoreña.

El proyecto de ley tiene como objetivos ampliar el campo de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, acercar la administración de justicia a la población y regular procesos con una estructura moderna, en que la oralidad favorezca la inmediación, la concentración y la publicidad, para una respuesta más rápida a los justiciables.

La nueva ley promoverá el acceso a la justicia y una producción más intensa y extensa de jurisprudencia, que empuje los cambios administrativos en temas tan apremiantes como servicio civil, eficacia recaudatoria del Estado, desarrollo territorial y ordenamiento urbanístico, transparencia e integridad de la función pública, mejora regulatoria, simplificación burocrática y calidad de los servicios públicos.

Desde la compleja solución a los problemas más graves del país, como la seguridad y la economía, hasta las demandas cotidianas de servicios básicos como agua, telecomunicaciones o energía eléctrica, hay siempre actuaciones y omisiones administrativas que requieren un control jurisdiccional pleno y efectivo, que haga realidad el Derecho a la Buena Administración y la eficacia en el servicio al interés general de la población.

La nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa será sin duda uno de los mejores legados de la presente legislatura y por ello exhortamos a los señores diputados a priorizar su discusión y aprobación.

 




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