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Corte condena a Nicaragua por no investigar homicidio de esposo de activista

EFE

sábado 29, abril 2017 - 1:00 pm

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado nicaragüense por la falta de investigación efectiva del homicidio de Francisco García Valle, esposo de la defensora de derechos humanos María Luisa Acosta Castellón.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, publicó hoy la sentencia en su página web, en la cual señala que el Estado es responsable por la violación de los derechos de Acosta de acceso a la Justicia, a la verdad, las garantías judiciales, protección judicial, la integridad psíquica y moral.

También, la violación de los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a ser oída por jueces imparciales y a las garantías judiciales.

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“La respuesta investigativa y judicial del Estado no constituyó una explicación satisfactoria, suficiente y efectiva para establecer toda la verdad sobre los hechos. Por tales razones, la Corte consideró que el Estado es responsable por haber incumplido su obligación de garantizar los derechos de acceso a la justicia y a conocer la verdad”, indicaron los jueces.

María Luisa Acosta Castellón es una reconocida abogada defensora de derechos humanos, particularmente de los pueblos indígenas en Nicaragua. El 8 de abril de 2002 halló muerto a su esposo, Francisco José García Valle, en su casa en la ciudad de Bluefields, en el Caribe nicaragüense.


Acosta manifestó en el proceso penal en su país que el homicidio podía tener relación con la asesoría legal que ella brindaba a comunidades indígenas, que afectaban los intereses de dos personas a quienes ella señaló como posibles autores intelectuales.

Apenas un mes después de ocurridos los hechos, las autoridades judiciales de Nicaragua dictaron un sobreseimiento definitivo a favor de los dos presuntos autores intelectuales, cuyos nombres no fueron divulgados, y en 2004 condenaron a 23 años de cárcel a Iván Argüello Rivera y Wilberth José Ochoa Maradiaga como autores materiales del asesinato.

Tras ser sobreseídos, los dos señalados como autores intelectuales solicitaron al juez que indagara a Acosta como encubridora del homicidio.

La CorteIDH reiteró en su sentencia que “la defensa de derechos humanos solo puede ejercerse libremente cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas ni de cualquier tipo de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”.

“Los Estados tienen la obligación de asegurar una justicia imparcial, oportuna y oficiosa, tomando en cuenta el contexto de los hechos y las actividades del defensor para identificar los posibles intereses afectados, a efectos de establecer líneas de investigación e identificar a los autores”, apuntó.

Los jueces interamericanos afirmaron que “el juez instructor no investigó, de manera seria, diligente y completa, la hipótesis que indicaba que García Valle pudo haber sido asesinado por personas cuyos intereses podían verse afectados por las actividades de defensa de pueblos indígenas realizada entonces por Acosta”.

La CorteIDH determinó que al ser indagada por el crimen de su esposo y la estigmatización que ello conlleva, el Estado violó el derecho a la integridad psíquica y moral de la defensora de derechos humanos.

En el fallo, la CorteIDH ordenó al Estado nicaragüense adoptar las medidas necesarias para que el hecho del homicidio no quede en impunidad y se restituyan adecuadamente los derechos de acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas.

Además, le ordena elaborar mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones de defensoras y defensores de derechos humanos.

Los jueces también estipularon indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos.




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