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Frente a la crisis del medio ambiente, es necesario adoptar medidas de protección e impulsar la planificación y la educación en este ámbito, por mandato constitucional. Nuestra Constitución (Art. 117), advierte que el desarrollo sostenible puede obtenerse mediante la protección estatal de los recursos naturales y del medio ambiente. Es deber del Estado protegerlos por la vía de los siguientes instrumentos: leyes, tratados, reglamentos, ordenanzas, resoluciones administrativas y sentencias judiciales.

La frágil vivencia democrática experimentada desde el 20 de diciembre de 1983 (entrada en vigencia de la Constitución) hasta este día, ha permitido a muchos pensantes considerar que el desarrollo del país se producirá por arte de magia, con el correr de los años, por inercia, con el dejar hacer y el dejar pasar. Otros piensan que, de todas maneras, en esas condiciones liberales, habrá un beneficio que se concentrará en unos pocos, con el crecimiento económico. Ante ellos, algunos consideramos que el país se encuentra en un estancamiento peligroso, por lo que urge atravesar el puente hacia el desarrollo sostenible.

La Ley del Medio Ambiente, define: “DESARROLLO SOSTENIBLE: es el mejoramiento de la calidad de vida de las presentes generaciones, con desarrollo económico, democracia política, equidad y equilibro ecológico, sin menoscabo de la calidad de vida de las generaciones venideras”.

Relacionar racionalmente el deber del Estado de proteger los recursos naturales y el medio ambiente, con el desarrollo sostenible, así definido por ley especial, nos obliga a tratar de entender cada uno de los siguientes principios, deberes y obligaciones plasmados en la Constitución: a) La persona humana es el principio y fin de la actividad del Estado; b) El Estado está organizado para la consecución del bien común; c) El Estado debe proteger a las personas menores, en el ejercicio de su derecho a vivir en condiciones ambientales que les permita su desarrollo integral; d) El ciudadano tiene el deber político de cumplir y velar porque se cumpla la Constitución en materia ambiental; también tiene el deber de servir al Estado de conformidad con lo que disponen la Constitución y leyes secundarias en este ámbito; e) El Estado debe controlar las condiciones ambientales del proceso de producción de los alimentos; f) El Estado debe promover el desarrollo económico y social mediante el uso racional de los recursos naturales; g) El Estado debe proteger a las asociaciones de tipo económico que tiendan a incrementar la riqueza nacional mediante el uso racional de los recursos naturales.

Opinamos y concluimos, que ante esa múltiple responsabilidad constitucional no es posible que pretendamos iniciar la caminata hacia el desarrollo sostenible, sin una seria y profunda planificación a mediano y largo plazo. Como parte necesaria de esa planificación se impone una reforma educativa integral en todos los niveles, con enfoque en medio ambiente, para que se comprenda y tome conciencia de la interacción en el sistema ambiental de los elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales y estéticos. Definitivamente la ausencia de una educación ambiental integral en las universidades no ha permitido la adecuada asesoría y dirigencia de profesionales en este campo, ni en el sector  privado ni en el sector público. Podemos comenzar a revertir las cosas.

El Salvador cuenta con un marco constitucional en materia ambiental, dispone de convenios y tratados ambientales, de leyes ambientales especiales y leyes parcialmente ambientales; pero, nos hace falta, desde hace 30 años, una educación ambiental integral, que incluya los contenidos de esa legislación y las maneras para su efectiva aplicación. Insistimos: la educación ambiental debe responder, a una planificación para el desarrollo sostenible, a mediano y largo plazo, para salir de la crisis y del estancamiento.

Proponemos la realización de un foro consultivo sobre la temática ambiental, con el fin de iniciar acciones de participación ciudadana, para exigir y lograr un cambio de rumbo, aprovechando la cooperación internacional puesta en marcha.

RECORDATORIO A MIEMBROS Y AMIGOS: Habrá Asamblea General y Panel del IIDC, el sábado 18 de julio, de 7:30 a 11:30 a.m., en el HOTEL SIESTA. Tema: La crisis medio ambiental, enfoque constitucional y jurisprudencia de la CSJ.

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