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Editorial & Opinion

Cuando nuestros niños son “postes” de la delincuencia

Jaime Ulises Marinero / Periodista

martes 21, marzo 2017 - 12:00 am

Todo  niño tiene derecho a correr libre al viento con su imaginación flotando en su inocencia. Debe vivir plena su niñez con la protección de sus padres y del Estado. Todo niño debe estudiar, tener acceso a la salud y a la recreación. El Estado debe garantizarle techo y un desarrollo de calidad. La niñez es la edad propicia para atesorar los más gratos recuerdos y para formarse una personalidad llena de valores positivos. Respetarle los derechos de la niñez es una obligación de nación.

Lo real dista mucho de lo ideal en nuestro país, donde muchos de nuestros niños son víctimas de la delincuencia en todas sus formas. Cotidianamente niños y niñas son objetos de violaciones, agresiones, asesinatos, acosos, carencias y un largo etcétera de hechos delictivos y miserias.

En nuestro país, en muchas ocasiones, las leyes que protegen la niñez son letra muerta y solo adquieren vida institucional cuando se acerca el Día del Niño en El Salvador, cada 1 de octubre. El trabajo de los entes que velan por los derechos de la niñez rara vez logra resultados concretos.

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Nuestra niñez de las zonas marginales vive en riesgo y está desprotegida a merced de que le violen sus derechos y que en tal sentido puedan ser utilizados con fines delincuenciales. Todos los salvadoreños sabemos que las pandillas reclutan niños y niñas para usarlos en sus acciones delictivas.

La semana pasada un grupo de comerciantes del mercado municipal de San Juan Opico señalaban que niños entre 10 y 11 años son utilizados por las pandillas para que pidan y recojan el dinero producto de la extorsión. Los pequeños han sido reclutados por pandilleros, muchos de ellos familiares suyos, para que sean los encargados de llevar las amenazas a los comerciantes para que paguen cuotas que ellos mismos recogen.


La queja de los comerciantes de Opico no es nada nueva. En cientos de colonias y comunidades de todo el país son niños los utilizados por los pandilleros como “postes”, es decir, como los responsables de vigilar e informar sobre la presencia policial o sobre las personas que llegan o salen de los referidos sitios.

Los pandilleros saben que la ley de menores no aplica para quienes tienen menos de 12 años, por lo que se aprovechan para utilizarlos y exponerlos. Lo delicado de esto es que en muchas ocasiones son los parientes (padres y hermanos) quienes abusan de los niños para introducirlos al mundo delictivo. En un cantón de San Martín, un padre de familia se dedicaba a extorsionar a sus vecinos y usaba a sus dos hijos menores para que recogieran el dinero. Finalmente uno de los niños de 12 años fue desaparecido y el otro fue detenido y procesado, pues había cumplido los 14 años y en su expediente se conoció que extorsionaba desde tres años atrás. El padre de ambos fue detenido y ahora yace preso cumpliendo una condena de 20 años por extorsión agravada.

Es una lástima cuando uno ve ingresar a los Juzgados de Menores a decenas de niños y niñas que vienen acusados de delitos graves, algunos por hechos terroríficos como homicidios y secuestros. Hace dos semanas fue procesado un menor que operaba en Apopa y que a sus 14 años ya había participado en tres homicidios y en decenas de casos de extorsión. En este caso la Ley de Menores solo permite cinco años máximos de internamiento. El menor, tras aceptar los cargos, contó que era en la pandilla donde se sentía seguro y que él solo cumplía órdenes de los líderes pandilleros.

En la comunidad Tutunichapa, a pocos metros de la zona de hospitales capitalinos, niños permanecen en las entradas principales con teléfono en mano, avisando a los pandilleros adultos sobre movimiento de policías o de ciudadanos ajenos a la comunidad. Ese mismo panorama es en sitios donde los pandilleros han ganado el control, porque las autoridades de justicia, por omisión, lo han permitido.

Debería reformarse la ley para que se castigue severamente a los responsables de los niños que se dedican a fechorías, así como a  aquellos que los obligan a delinquir. A la niñez hay que protegerla con acciones y no con retórica. Los niños deben ser simplemente niños. Ni víctimas ni victimarios.




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