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La creación de una Sala de lo Constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia, con un mayor número de magistrados que la componen, cinco, en relación al número inferior en las restantes Salas, ha dado lugar a cierta rivalidad interna por considerarla la súper Sala, como la denominan internamente. Cuando se elaboró la Constitución de 1983, veníamos de un largo período histórico de dominio presidencialista del Ejecutivo, sobre los otros órganos del Estado, y frente a ello, para darle más poder al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, se le otorgó a la vez las calidades de Presidente del Órgano Judicial y Presidente de la Sala de lo Constitucional. Pareciera que hubo una extralimitación al conferirle tres presidencias a la vez, porque no puede ejercer en plenitud esas tres funciones. Desde luego que toda creación humana adolece de errores, pero se puede perfeccionar mediante la reforma adecuada.

En mayo de 2006 se publicó en la CSJ un libro titulado “16 Sentencias Representativas de la Sala de lo Constitucional” (período 1999-2006), compilación sumamente interesante que permite a los usuarios del sistema judicial analizar con ojo crítico y científico jurídico los criterios expuestos en estos fallos constitucionales, de contenidos polémicos. Es valiosa la publicación en sí, al ser divulgada y permitir el acceso a esa información.

Para referencia, las sentencias de inconstitucionalidad conciernen a temas como los siguientes: candidaturas independientes; la base aérea norteamericana asentada en Comalapa; la Ley de Integración Monetaria; al pacto de no apelar; a la “plancha” nacional de los diputados; a la Ley de Bancos; al hábeas data; y al Fiscal General Adjunto, entre otros. En cuanto a las sentencias de amparo, se refieren al uso de la base de datos de DICOM y a dos sentencias uniformes para mantener la existencia de partidos políticos.

Cabe mencionar como análisis meramente académico, los dos casos de amparo (sentencias 312 y 313 del 17 de septiembre del 2004, páginas 547 y 573 de la compilación), cuyo resultado judicial no tiene explicación jurídica constitucional y tratan de la cancelación del PCN y del PDC que no alcanzaron el mínimo necesario señalado por la ley para poder continuar como partidos políticos, en sendos amparos en que imperó más el criterio jurídico partidista de un sector que el criterio jurídico político y la función del contralor de la constitucionalidad. La Sala de lo Constitucional, (hubo voto disidente de la magistrada Victoria de Avilés), decidió que había lugar a uno y otro amparo por no haberse motivado debidamente las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral a través de las cuales se inició de oficio el procedimiento de cancelación de la inscripción de dichos partidos. Observo que en la certificación presentada a la Sala por el TSE bastaba mencionar que con el número de votos que dichos partidos habían obtenido, no alcanzaban el mínimo establecido por la ley y que no había nada que motivar frente a un simple resultado del conteo matemático.

Pero aún más grave fue que el TSE, desoyendo la resolución de la Sala que ordenaba volver al estado previo al del acto reclamado, pronunció resolución de inaplicabilidad, asumiendo una función que de conformidad al Art. 185 Cn. le corresponde a los jueces y magistrados de los tribunales de justicia, que pueden declarar la inaplicabilidad de una ley que contraría preceptos constitucionales; cuando el TSE expresó sin fundamento en su resolución “Que no ha lugar a iniciar el procedimiento de cancelación del partido… porque tal situación atenta contra el pluralismo político y pone en grave riesgo el único mecanismo con el que cuenta el pueblo salvadoreño para ser representado”, en completa desobediencia a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional y utilizó ilegítimamente una atribución que corresponde a los tribunales de justicia y no al organismo electoral en diligencias administrativas. Más bien pareciera no fue una resolución en desobediencia, sino que hubo consonancia con el criterio partidista político de aquella Sala, que hizo caso omiso de la publicitada desobediencia del TSE.

Lamentables incidentes de intromisión de la política en el campo judicial perjudican la institucionalidad de un Estado de Derecho.

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