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Hace solo una semana, mientras recorríamos el “metro cable” y ascendíamos por las escaleras eléctricas más altas de América, escuchamos varias historias y relatos tétricos sobre Medellín. En realidad no sé si son las más largas escaleras, pero sensiblemente sí son muy empinadas entre las comunas muy pobres que hace 20 años fueron escenario de crímenes y de “combos” violentos. Así, “combos”, eran llamadas las estructuras más agresivas del crimen y sus mortíferas maras. Escuchamos que las maras no surgieron en El Salvador ni en Los Ángeles; hoy acá casi nos peleamos el liderato sobre el origen de las bandas organizadas y el sicariato que antes metieron pavor, muerte y dolor en Medellín y en muchas partes de Colombia. También escuchamos auténticas crónicas sobre cómo la ciudadanía junto a la alcaldía y gobernación generaron enormes transformaciones en sus barrios y en sus comunas pobres para mejorar la seguridad, invirtiendo fuertes recursos en educación para la vida y para promover el desarrollo humano.

Al final de la década de 1980 y durante los crudos y apocalípticos años de la siguiente, los comandos de “narcos” y sus matones, las pandillas de los “combos” rebanadas de droga, ensangrentaron la ciudad. Los sicarios y demás delincuentes ejecutaron candidatos locales y presidenciales, secuestraron empresarios y asesinaron por montones a ciudadanos de a pie. En las comunas pobres implantaron verdaderos estados de sitio, gobernando las calles periféricas de Medellín que fue –por ello– calificada como la mayor urbe sitiada por la mafia y las bandas. Veinte años después, en marzo del 2013, Medellín fue declarada la ciudad innovadora a nivel mundial. Y hace uno, nada más y nada menos, salieron de la turbia lista de las cincuenta ciudades más peligrosas del orbe. Por cierto, en esas mediciones que dan horror, San Salvador se encuentra entre las cinco capitales más temidas de la lista global; en nuestra metrópoli, a más de dos décadas del fin de la guerra entre la guerrilla y el Gobierno, poco se ha logrado a la inversa de los beneficios antioqueños que ahora disfrutan sus habitantes.

Aunque los líos públicos y los muchos problemas privados no han desaparecido, en Medellín se han superado los traumas de la violencia generalizada y se han reducido visiblemente los riesgos para la convivencia social. Eso nos dijo Aníbal Gaviria Correa, el exitoso alcalde que sufrió la muerte de su hermano mayor a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando este último era gobernador del departamento de Antioquia. Efectivamente hoy la gente confía más en su propia ciudad porque desde 1992 los alcaldes y gobernadores de cualquier tendencia política, las y los empresarios del poderoso sindicato patronal “paisa” –como cariñosamente se le llama al pueblo antioqueño–, las iglesias de diversas creencias y las organizaciones civiles emprendedoras, dan fe de algo esencial para una coexistencia común decente: que los impuestos pagados, basados en planes ciertos y efectivos, rigurosamente supervisados y bien invertidos en las ciudades más peligrosas pueden cambiar la vida.

De esa manera es posible realizar el milagro de reducir la desigualdad y fomentar la inclusión, para que las familias no padezcan las peores penurias en su diario vivir teniendo alimentación, salud y educación suficientes, viviendas dignas relativamente cómodas y accesibles al transporte público ágil que integre rápidamente a los barrios pobres dentro de la ciudad. Como nos indicó Gaviria Correa, ese alcalde sin miedo que modernizó Medellín, el Estado debe reprimir porque es la obligación responsable para proteger los derechos humanos. Y aunque les costó caer en la cuenta que desgraciadamente este drama de la muerte tiene profundas raíces en la crudeza de la condición económica y social, apostaron primero por la vida, pero al mismo tiempo y como fórmula para hacer innecesaria la represión, se comprometieron a ganarle las más duras batallas a la oprobiosa desigualdad.

El “metro cable” con las modernas escaleras eléctricas en la “comuna trece” y en Santo Domingo, muy cerca de lo que fue “el escombrero” –ese macabro cementerio clandestino de miles de cadáveres vertidos por la violencia generalizada–, son ahora los extraordinarios medios de movilidad humana que cambiaron el semblante de las violentas comarcas de hace unos años. En realidad nada hicieron por puro “arte de magia”, porque hay varias prisiones que guardan “capos”, sicarios y asociados de carteles desmantelados ayer y hoy; entre los segundos se encuentran las llamadas bandas criminales emergentes o BACRIM. Pero los problemas de una alta inseguridad se han desvanecido y los resultados han traído consigo “casitas” muy bien adornadas, sitios con artísticos grafitis, colectivos juveniles en diferentes muestras culturales, cuerpos de agua para más diversión y campos de fútbol metidos entre las estaciones del teleférico.

La delegación salvadoreña que recién viajó a Medellín puede dar fe de que si se trata a las personas más pobres con dignidad, no solo a punta de fusil, éstas tienden a valorar su entorno y se sienten honradas del valor que tiene su comunidad. Quienes participamos en ese enriquecedor periplo, debemos comunicar esta veracidad a los sectores más pesimistas insertos en el duro y poco articulado quehacer político nacional. Éstos junto a los menos desalentados, a los partidos que no estorban aunque no apoyen, al partido en el Gobierno y al Gobierno podemos contribuir a cambiar –esto sería revolucionario de verdad– los servicios públicos, sociales y de asistencia legal, en salud y de educación de la más alta calidad para toda la gente más sumida en la ignominia y la desigualad, como hoy ofrece Medellín a su pueblo. De lo contrario, esto será solamente una necia propaganda y generará otro pleito innecesario que nos llevará a incrementar la tragedia entre la gente sin derechos en El Salvador: la más pobre y desigual.

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