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Editorial & Opinion

Decreto de emergencia nacional

Editorial & Opinion | Diario El Mundo

Miércoles 9, Marzo 2016 | 12:00 am

En los dos primeros meses del año han sido asesinadas 1,399 personas, una cifra sin precedentes en los últimos años. Hay dolor de Patria, el alma nacional está conmovida ante la matanza. Es conmovedor el caso de los once de Opico: Ocho eran humildes trabajadores subcontratados por una empresa distribuidora de energía eléctrica y los otros tres jornaleros que habrían presenciado la mortandad.

Vivimos una crisis humanitaria, una situación de emergencia que llena de sufrimiento a miles de familias salvadoreñas. Los jóvenes, ante la gravedad de la situación que vive la nación, dicen dos cosas y sacan una conclusión: Tengo miedo, no encuentro empleo y quiero irme del país.

La delincuencia afecta negativamente al crecimiento de la economía, debido a que incrementa el cierre de empresas, aumenta el desempleo. Además la criminalidad aleja las inversiones, tanto internas como las provenientes del exterior.

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Sin duda ante esta realidad hay que tomar medidas extraordinarias, para atender eficazmente la emergencia por la que atraviesa la nación y empezar a recuperar la paz social. Pero decretar el Estado de Emergencia Nacional no significa militarizar el país, aprobar estados de sitio locales y sacar a los reservistas. No se trata de un estado de excepción y más militarización de la seguridad pública. No se trata del artículo 29 de la Constitución que puede dar lugar a muchas arbitrariedades en su aplicación.

Enfrentar la emergencia significa poner todo el aparato del Estado en función de superar la crisis humanitaria, establecer medidas para proteger a las víctimas y sus familiares. Se deben crear los Centros de Acogida de Víctimas de Violencia y Delincuencia donde deben facilitarse a las víctimas su derecho a la restitución, reparación del daño e indemnización de los perjuicios causados por la delincuencia. El Estado debe proporcionar servicios de asesoría jurídica gratuita, asistencia médica de urgencia, psicológica y en caso de extrema necesidad, ayuda económica.

Se trata de que el Estado cumpla con su obligación constitucional plasmada en el artículo dos: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”.

Enfrentar la emergencia significa que el Estado recupere el control territorial con base al establecimiento de la Policía Comunitaria. Hasta ahora la implementación de esta modalidad policial ha sido vaga, errática. No es posible pensar que un modelo de Policía Comunitaria funcione si no se establecen los policías permanentemente en la comunidad y construyen fuertes relaciones con los ciudadanos. La relación con la comunidad constituye la columna vertebral del modelo de policía comunitaria. Es por medio de la relación con la colectividad que se puede saber: ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Qué tipo de delitos hay? ¿Y quiénes los cometen? Si no se organiza a la población en Mesas Barriales de Prevención del Delito la policía comunitaria no va a funcionar.

El Ministerio de Educación debe de manera inmediata poner en funcionamiento el Programa de Escuelas Abiertas, el Centro Escolar en muchas comunidades es la única infraestructura con la que cuenta el Estado y pasa cerrada el fin de semana y los días feriados, con el Decreto de Estado de Emergencia, las escuelas deben abrirse y convertirse en herramientas útiles para la reducción de los índices de violencia y la promoción de la integración comunitaria, Escuelas Abiertas deberán ser un espacio ligado a la búsqueda de soluciones para enfrentar la urgencia.

El Ministerio de Salud debe desplegar a nivel nacional los Equipos Comunitarios de Salud Familiar y Especializados, conocidos como ECOS y su trabajo debe tener un fuerte componente de salud mental ayudando a que los salvadoreños puedan afrontar las tensiones originadas por la violencia y la delincuencia y puedan volver a trabajar de forma productiva y fructífera y para hacer una mayor contribución a su comunidad.

No se puede enfrentar la emergencia sin recursos, el Ministerio de Hacienda deberá hacer las readecuaciones presupuestarias que sean necesarias para que  la Policía Nacional Civil pueda desarrollar adecuadamente su trabajo, salarios decentes, más y mejor equipo para la investigación del delito y la inteligencia policial.

La Asamblea Legislativa debe autorizar a los Concejos Municipales para que los Fondos Fodes puedan utilizarse para proyectos de atención a víctimas de la delincuencia y medidas de prevención.

La resiliencia debe ser a partir de hoy parte del vocabulario de los funcionarios del Estado y los dirigentes de los partidos políticos. Resiliencia es darle competencias a la población: capacidad para afrontar con éxito la adversidad, el trauma, la tragedia, las amenazas, etc. ayudar a manejar el estrés y los sentimientos de ansiedad e incertidumbre.

 



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