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OPINIONEn los últimos días hemos leído o escuchado que El Salvador puede caer en default, una palabra que no aparece en el diccionario de la RAE, pero cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para un país entero. En términos prácticos el default se da cuando el Gobierno no tiene el dinero suficiente para pagar a quienes les debe; y de acuerdo al ministro de Hacienda eso sucederá el 7 de octubre, cuando no tenga los recursos para pagar los Certificados de Inversión Previsional (CIP).

Pero el default solo es una expresión de la crisis de liquidez que vive el Gobierno, que se puede extender hasta llegar al punto de no tener dinero suficiente siquiera para pagar los salarios de los empleados públicos. Estamos en la antesala de una de las crisis fiscales más graves que haya vivido el país. Y lo peor es que se pudo haber evitado.

Por ejemplo, en octubre de 2013, en un informe elaborado por el Icefi, se indicaba: «La conclusión general para la situación de las finanzas públicas de El Salvador es sencilla: el comportamiento reciente y proyectado indica que las finanzas públicas ya no son sostenibles de la manera como se han venido administrando, por lo que es urgente que se tomen decisiones estratégicas para corregir el rumbo y no caer en una crisis severa en el corto-mediano plazo».

No se presentaron propuestas de incrementar los ingresos del Estado con un sentido de justicia, donde quienes tienen más pagan más, proporcionalmente hablando; no se propusieron mecanismos para que el gasto público estuviera vinculado a resultados, buscando su efectividad; no se crearon mecanismos de transparencia para asegurar que hasta el último centavo fuera usado con probidad; o que la deuda tuviera un uso estratégico con visión de largo plazo. Nunca estuvo en la mesa de discusión política transformar la actual fiscalidad de supervivencia por una que estuviera al servicio de las necesidades de las personas.

En cambio, privó entre los partidos políticos la mentalidad de enemigos de guerra, por lo que las decisiones estratégicas no se tomaron y la crisis llegó. Y ante esto, uno se imaginaría jornadas largas e intensas de trabajo para alcanzar acuerdos, pero lo que se encuentra son celebraciones de aniversario de partido o viajes de funcionarios; un buen reflejo que al final la crisis les afecta menos a ellos.

Es evidente que la aprobación de los US1,200 millones en bonos es necesaria, pero no suficiente. En estos momentos, las decisiones se juegan en la cancha política. Por un lado, tenemos un Gobierno que desperdició su tiempo, nunca hizo una propuesta progresiva, que buscara una solución integral- porque no basta con decir que se hará si nunca se dan los pasos para lograrlo-. Pero por el otro encontramos una oposición mezquina, a la que pareciera no desagradarle del todo que el país viva esta situación, confiando que en las próximas elecciones, el votante medio castigará más al partido gobernante, sin importarle que ARENA también es parte del problema.

Y un sector empresarial que se muestra como el escudero del partido de derecha, pues de acuerdo a declaraciones del presidente de la ANEP «si vamos a caer en default y no hay más remedio que ese, lo mejor es hacerlo de una manera ordenada». En cualquier otra parte del mundo el sector empresarial sería el más preocupado para que el default no sucediera, pues el efecto también lo pagarían ellos.

Lo cierto es que llevamos toda una era democrática en default político, donde los deudores (líderes políticos) no cumplen sus obligaciones frente a sus acreedores (la ciudadanía). Jamás comprendieron que tiene más réditos encontrar soluciones que hacer fracasar a su oponente. La polarización política ha tocado fondo y las consecuencias las pagaremos todas y todos.

Pero como decía Einstein, las crisis también son una oportunidad. Ojalá que ahora, por fin se comprenda que el único camino para solucionar esta crisis es alcanzar un pacto fiscal integral, que además nos haría salir del default político en el que hemos estado.

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