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Editorial & Opinion

Democracia a toda prueba

martes 3, marzo 2015 - 12:00 am

A tan sólo un día de celebrada la elección y cuando apenas se limpia y ordenan nuevamente esos santuarios de la democracia, que son en lo fundamental muchas de nuestras escuelas y algunos colegios privados, es prematuro hacer un balance que dibuje de manera rigurosa el paisaje actual de nuestra democracia electoral; y más allá de las opiniones sobre el desempeño de la autoridad a cargo, de la que necesito documentarme lo suficiente para opinar, creo que lo más importante en este proceso todavía en evolución es, de manera constructiva, contribuir a su mejoramiento.

Nuestra democracia nuevamente ha dado muestras de mucha fortaleza, aun en los escenarios de crisis y en esta oportunidad con un no despreciable nivel de asistencia y participación electoral que rondará la media del padrón, propia en nuestro país de una elección de esta naturaleza, y que se eleva si somos conscientes de los efectos sobre este registro electoral de la migración.

Sin dudas, el voto residencial se ha consolidado y mejora la asistencia de electores, pero es necesario mejorar el marco jurídico y los procedimientos administrativos de actualización de direcciones a partir del normal movimiento de la población entre uno y otro municipio, y que han sido rezagados por impedimentos legales al atribuírseles exclusivamente fines electorales, motivados sin duda por eventos eleccionarios continuos.

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La participación también hubiese sido mayor si existiese más conciencia democrática de muchos empleadores que no dieron facilidades a sus trabajadores para asistir y que por los retrasos en algunos centros tuvieron que retirarse, sin ejercer el sufragio.

Pero hay varios aspectos que exaltar. Los héroes y heroínas de la jornada, sin duda alguna, son quienes integran las Juntas Receptoras de Votos,  JRV, y los trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, TSE, que nos mostraron la fortaleza del sistema y el proceso electoral que descansa mediante un sistema de pesos y frenos en el rol de los partidos políticos a través de la vigilancia recíproca, lo que unido a la solidez del DUI y al ejercicio del voto libre, igualitario y secreto y al papel de los medios de comunicación, nos da por resultado una elección correcta en el sentido ético, y además, apegada a legalidad, a la expresión de la voluntad ciudadana en las urnas. En esto último ha sido trascendental el rol de otras instituciones del Estado: la Fiscalía Genelar de la República,FGR, por su cobertura y la Procuraduría de Derechos Humanos, PDDH, por su vigilancia.


Otro aspecto destacado es la institucionalidad de la observación internacional y nacional. Mis agradecimientos como ciudadano a la misión de la OEA, de UNIORE, del CEELA, CIS, entre otras y muy en particular a la tercera Misión de Observación Escolar organizada y respaldada por OEI en convenio con el Ministerio de Educación, Mined, y el TSE, y que en esta oportunidad cubrió con 420 estudiantes, debidamente capacitados, 36 municipios y en éstos, más de 350 centros escolares, acompañados de 60 maestros y 40 madres y padres de familia; siendo este proyecto, a mi juicio, una de las más emblemáticas contribuciones para la participación de los jóvenes en política, por su enfoque educativo en derechos.

Cuando haya concluido este evento electoral tendremos un mejor panorama que evaluar, sin embargo y de manera preliminar anticipo: los problemas del proceso electoral son administrativos de planificación y de toma de decisiones oportunas en el colegiado de la institución, hace falta una reforma legal y administrativa que amplíe los tiempos de organización y planificación. En Panamá, por ejemplo, el plan y presupuesto general extraordinario de elecciones se diseña para una ejecución de cinco años, lo que permite con suficiente antelación la previsión de los eventos y un mejor uso de los recursos; para cualquier gobierno, este diseño es mejor en tanto la erogación presupuestaria se divide en distintas partidas distribuidas en varios ejercicios fiscales.

También es necesario un compromiso político de no implementar reformas electorales un año antes de cualquier elección, en este caso la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre voto cruzado, tal como fue advertido por muchos, debió ser de aplicación en la elección de 2018.

Se requiere además desarrollar en el país una mejor política de cooperación inter-institucional que involucre mayores recursos del Estado en la organización y logística electoral, especialmente en transporte, infraestructura y personal de apoyo. Esto permitiría bajar costos administrativos y dedicar más recursos en tecnología y en las comodidades necesarias para los operadores y electores.

Asimismo, es importante la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales del órgano electoral para mejorar el desempeño de los procesos, principalmente en organización, planificación, tecnología y logística.

En menos de 60 días concluye la actual legislatura, por lo que el tiempo y la voluntad política apremian para alcanzar acuerdos en materia de reforma, especialmente las que ameritan modificación constitucional. Preparémonos para una constructiva evaluación.




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