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Editorial & Opinion

Democracia más allá de los votos

Roberto Cañas López / Académico, firmante de los Acuerdos de Paz

miércoles 11, abril 2018 - 12:00 am

Un mes después de realizada la votación el Tribunal Supremo Electoral puso a disposición de la ciudadanía los resultados oficiales del escrutinio final de las elecciones 2018. Hoy lo que toca es la contraloría social, la fiscalización de la gestión de los diputados y alcaldes.

Para bien del país es indispensable organizar el control ciudadano, entendido como un sistema de monitoreo social, que tendría como principal objetivo verificar el cumplimiento de las promesas electorales que los funcionarios electos hicieron en sus plataformas de gobierno.

Si la sociedad civil no es capaz de hacer que los funcionarios públicos cumplan con su oferta electoral lo prometido puede fácilmente quedar en el baúl de los recuerdos. No nos engañemos: La voluntad política de diputados y alcaldes de llevar sus compromisos a la práctica solo se logrará si existe una vigorosa ciudadanía capaz de controlar su cumplimiento.

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Es imprescindible procurar que la contraloría social sea un derecho y un deber ciudadano. Con la claridad que, para controlar se requiere en primer lugar, transparencia, que todo esté en vitrina, es decir, que la información relativa a los actos de los funcionarios públicos: planes, presupuestos, salarios, viajes, viáticos, seguros sea accesible para toda persona natural o jurídica, que tenga interés legítimo, en conocer si las actuaciones del servidor público son apegadas a la ley, a la eficiencia, a la eficacia y a la responsabilidad. La opacidad política es absolutamente inaceptable.

La finalidad del monitoreo y seguimiento de la gestión de diputados y alcaldes es doble; por un lado, se trata de asegurar que las promesas electorales se cumplan y por otro, de fortalecer el ejercicio de la ciudadanía.

El control de la gestión de los funcionarios públicos es una de las fuentes básicas de ciudadanía, pues se trata del derecho a participar en el ejercicio del poder. Que quede claro: sin el derecho a fiscalizar la gestión de los gobernantes, no existe ejercicio de la ciudadanía.

La auditoría social es una tarea que difícilmente pueda ser llevada adelante individualmente. Es indispensable el trabajo de las organizaciones sociales, para generar espacios donde se divulgue la información y se discutan estrategias para verificar de manera sistemática y organizada el grado de cumplimiento de los compromisos que los funcionarios recién electos asumieron.

Muchas personas creen que la legislatura 2018-2021 comenzará el 1 de mayo cuando los diputados electos asuman sus cargos. No es cierto. El trabajo de los llamados Padres de la Patria ya empezó, pues por lo menos en cuatro aspectos los diputados de los grupos parlamentarios ya están activos: Hay debates acerca de quién será el  próximo Presidente de la Asamblea, discusiones acerca de reducir el número de miembros de la Junta Directiva del congreso, se comienza a definir posición acerca de quiénes pueden ser los nuevos Magistrados de la Sala de lo Constitucional, el Fiscal General de la República y muchas personas no se dan cuenta.

Los funcionarios públicos se deben comprometer en dar a conocer las metas y los plazos que se plantean para cumplir con lo que prometieron. Es muy importante que los diputados y alcaldes den a conocer sus planes de trabajo para que después los ciudadanos podamos evaluar su grado de cumplimiento. Si las metas son concretas y se publicitan es posible monitorear cuán lejos o cuán cerca se encuentran los empleados públicos de alcanzarlas.

Hoy en la Sociedad del Conocimiento, en la era de la información, la tecnología debe ponerse al servicio de los ciudadanos para que pueden mantenerse vigilantes del desempeño de los diputados en la Asamblea Legislativa.

Se debería diseñar una App gratuita donde desde su celular los salvadoreños puedan monitorear el trabajo de los diputados, los ciudadanos usando esta aplicación, podrían conocer cuál es la agenda legislativa, saber si los diputados asisten a las plenarias y reuniones de las comisiones legislativas.

Desde el celular se debería poder calificar el trabajo de los diputados en base a si asisten a trabajar, si resuelven las gestiones que se les hacen, si interactúan con los ciudadanos, si están activos en redes sociales y si han transparentado su declaración patrimonial y de impuesto sobre la renta.

Esta aplicación también permitiría recibir alertas cuando los diputados no se presenten a trabajar, e interactuar con ellos a través de un chat para hacerles propuestas y exigir que cumplan con sus promesas electorales.

La idea que participar en política es solamente ir a votar cada tres o cada cinco años se terminó, está muerta. Los ciudadanos debemos sepultarla y desarrollar control ciudadano.



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