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Editorial & Opinion

Derecho a quejarse y a informarse

Yolanda Magaña / Editora de Política

martes 21, febrero 2017 - 12:00 am

Mucha gente se queja de gente que solo se queja y no hace nada, y esperan que, además de quejarse, se levanten y, luego de cumplir su jornada laboral, pagar sus impuestos y quejarse en redes sociales, de funcionarios inefectivos, participen en una manifestación.

Lo que vemos es diferente. Un usuario denuncia en redes sociales la mala señal inalámbrica que no le permite ver el único triunfo de la selecta. Otra persona ridiculiza a una diputada que defendió la compra del seguro privado de salud para empleados y funcionarios, alegando que el sistema público no sirve. Un joven colecciona memes del presidente de la República que exageran su baja elocuencia o una frase lapidaria sobre la situación financiera. Un profesor despedaza en redes el himno de ARENA. Otro ciudadano le pregunta directamente a su funcionario por qué voto así o, incluso, por qué creció su patrimonio. Otro más divulga un listado de personas investigadas por Probidad. No hay que subestimar el derecho a la expresión que se hace con quejas, denuncias, frases de indignación y solicitudes de información.

Hace 10 años no se podía conocer una auditoría de la Corte de Cuentas, aunque ésta hablara del riesgo en una pista aérea y mucho menos nos podíamos imaginar que un ciudadano podría tener información sobre el patrimonio de un funcionario, de cualquier partido político o de los que dicen no tenerlo. Usted no tiene que ser periodista ni magistrado para tener esa y cualquier otra información pública. Muchos creen que esta nueva era de expresión e información pública tiene vuelta atrás. ¿Es posible quitarle al ciudadano este derecho?

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Sin embargo, un retroceso en el manejo de la información pública sería letal para cualquier partido político o gobierno, sobre todo el tiempo electoral, en donde el triunfo puede estar marcado por algunos escasos votos.

¿Qué pensaría un ciudadano que vea a su líder político promoviendo una reforma para esconder información pública?, ¿o que ataque a un medio de comunicación por una publicación?. ¿Qué pasaría si los ciudadanos se dan cuenta que cambiaron a los comisionados de acceso a la información para reservar información sobre el patrimonio de funcionarios o exfuncionarios?


¿Qué pasaría si los ciudadanos advierten que los políticos siguen nombrando en la Corte de Cuentas personas que no auditan contrataciones que despiertan sospechas o que no auditan los fondos reservados de la Presidencia?

¿Qué pasaría si los políticos nombran a un fiscal general que se enfoque en hacer propaganda o que no investigue de manera honesta?

¿Qué pasaría si los políticos no obedecen la sentencia que les ordena transparentar el uso de sus fondos de campaña?

La publicidad de la información en poder del Estado le hace bien a las democracias y a las elecciones, y esto es una limpia que no tiene reversa. Hay países en los que incluso no hay secreto bancario para que el órgano electoral verifique los movimientos financieros de los institutos políticos. Es bueno preguntarse si es necesario mantener el secreto bancario si estamos exigiendo a funcionarios, exfuncionarios o personas vinculadas de dónde obtuvieron sus riquezas y si éstas son bien habidas.

No hay que subestimar el poder ciudadano ni el manejo que hace éste de la información pública. Mucha de la democracia no se resuelve con una marcha callejera. Algunas instituciones en El Salvador han comenzado a caminar solo por presión pública que muchas veces es más fuerte que la quema de una llanta. Hay que preguntarse por qué, por ejemplo, Probidad comenzó a hacer auditorías patrimoniales después de que los informes patrimoniales habían perdido su carácter “privado”. Todo viene del derecho a quejarse.




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